* Más allá de las leyes, la falta de resultados en casos como Ayotzinapa pone en duda el compromiso del gobierno mexicano, expresan.
Ciudad de México, 11 de agosto de 2016. En medio de la revisión del cumplimiento de condiciones de México para recibir fondos de la Iniciativa Mérida, integrantes del Congreso de Estados Unidos expresaron su preocupación por la crisis de derechos humanos en nuestro país e instaron al Secretario de Estado, John Kerry, a que este tema sea una prioridad en la agenda bilateral.
La carta, promovida por el legislador Alan Lowenthal, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, y co-firmada por 68 congresistas, expresa su preocupación por los 27 000 casos no resueltos de personas desaparecidas y por el lento ritmo de reformas en los sectores militares, de policía y de justicia, así como por el uso persistente de la tortura en investigaciones penales en México.
El Departamento de Estado revisa actualmente si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones sobre derechos humanos vinculadas a la asistencia en la Iniciativa Mérida. El 15 por ciento de ciertos fondos están condicionados a que el Departamento de Estado informe al Congreso si México está haciendo avances significativos en el respeto a los derechos humanos.
Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA, indicó que «es importante que el Departamento de Estado tome en cuenta que los miembros del Congreso están preocupados por la situación de derechos humanos en México, especialmente cuando el Departamento de Estado está considerando si México ha cumplido con las condiciones estipuladas bajo la Iniciativa Mérida». Consideró que el mantenimiento de una fuerte relación bilateral con el país vecino y socio de los Estados Unidos no debe ser a costa de un diálogo honesto sobre la crisis de derechos humanos en México y la falta de rendición de cuentas de las autoridades que son responsables de estos crímenes.
Los congresistas reconocen que el gobierno de México está desarrollando importantes medidas legislativas para avanzar en la protección de derechos humanos y para reformar su sistema de justicia penal, pero advirtieron que esto no garantiza justicia: «las autoridades mexicanas deben hacer valer la ley y respetar los derechos humanos». Expusieron casos concretos de violaciones de derechos humanos que siguen sin resolverse, incluyendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya. Los legisladores resaltaron que «a pesar del alto nivel de escrutinio internacional que el caso ha recibido, el Gobierno de México ha tenido escasos avances en cuanto a la impartición de justicia para estas familias, lo cual pone en duda su compromiso con el respeto de los derechos humanos».