* Su vida, integridad y salud está en riesgo, mientras Estado es omiso en salvaguardarlas, alegan.
Ciudad de México, 10 de agosto de 2016. Apicultores mayas, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y Litiga OLE denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente de las comunidades, y pidieron que la Comisión otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada.
Los demandantes señalaron que el modo de vida y la salud de las personas están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas que contaminan el agua y el suelo. Leydy Pech, representante de las comunidades, manifestó que la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra sus derechos y cultura: «Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos. Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”.
“El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua», destacó María José Veramendi, abogada de AIDA.
Para otorgar los permisos de siembra, las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado. La siembra, insistieron las organizaciones, ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades.
Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados.
Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de CEMDA, informó que “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados, así como que en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, es que ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.