*Al cumplirse exactamente diez años de los hechos, Jacinta y Teresa cuentan con una sentencia firme en sus manos que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) repararles el daño, difundir que son inocentes y disculparse.
Ciudad de México, 03 de agosto de 2016. Hace una década, el encarcelamiento de las mujeres hñähñú Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González, acusadas falsamente del secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), saltó a la agenda pública e indignó a amplios sectores de la sociedad. Incluso Amnistía Internacional las nombró presas de conciencia entre 2009 y 2010 al considerar que se les negó un juicio justo y fueron encarceladas por su situación social marginal de mujeres indígenas, pobres y con limitado acceso a la justicia.
Al cumplirse exactamente diez años de los hechos, las mujeres siguen esperando que las autoridades se disculpen y reparen el daño causado por el montaje judicial y el encarcelamiento que afectaron gravemente sus vidas, tras múltiples trabas puestas por las autoridades. Las resoluciones finales del caso se tomarán justo en medio de una crisis de derechos humanos abonada, entre otras cosas, por un sistema de justicia cimentado sobre la impunidad de los responsables de delitos y el encarcelamiento de inocentes.
Es necesario recordar que hace ya seis años y al revisar el proceso judicial irregular en el que las mujeres indígenas estuvieron siempre en desventaja –lo que incluyó una averiguación con elementos contradictorios y con testimonios y pruebas carentes del rigor mínimo, además de la negativa a proporcionarles un intérprete y de aceptar pruebas de su inocencia- los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) unánimemente resolvieron revocar la sentencia que condenaba a Alberta y Teresa a 21 años de prisión y ordenaron su liberación. Con esta decisión enviaron un mensaje claro a todas las autoridades: por un lado, la necesidad de anteponer el respeto a la presunción de inocencia a cualquier consideración y, por otro lado, el imperativo de proceder con independencia, imparcialidad, profesionalismo y sensatez al valorar las pruebas aportadas en un proceso.
Actualmente, Jacinta y Teresa cuentan con una sentencia firme en sus manos que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) repararles el daño, difundir que son inocentes y disculparse. El plazo para cumplir la sentencia –cuatro meses- está corriendo desde el 25 de mayo y el 29 de junio, respectivamente.
A pesar de tratarse de hechos idénticos, Alberta está luchando por llegar también a este último escalón debido a que la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación del daño, con lo cual la espera por una justicia integral se está alargando. El caso se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
La lucha de Jacinta, Alberta y Teresa puede sentar un precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que generan los Ministerios Públicos cuando incurren en actividades irregulares, y no simplemente se dé por zanjado el asunto con la libertad de las personas falsamente acusadas.
Confirmar la orden de reparación del daño también a favor de Alberta sería una señal de congruencia en las sentencias del Poder Judicial de la Federación (PJF). El caso contrario generaría un precedente de inseguridad jurídica y, por consiguiente, desprestigio para esta institución. Está en manos del tribunal decir si escuchó el mensaje lanzado por la Suprema Corte y los reclamos de la sociedad en este caso emblemático.
*Artículo publicado originalmente por Animal Político.