*Hasta ahora el Gobierno Federal se ha negado a cumplir la totalidad de los mínimos establecidos por la CIDH. Tendrá que ser la propia Comisión la que resuelva respecto a temas medulares del mecanismo especial para Ayotzinapa.
Ciudad de México, 28 de julio de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra sesionando en estos momentos para definir el mecanismo especial de seguimiento de la investigación sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Sabedores de que la supervisión internacional ha sido decisiva para que no se dé carpetazo a este triste episodio, como ha sucedido con innumerables violaciones a derechos humanos más, y recordando que a 22 meses aún no se sabe el paradero de los jóvenes, las familias y sus representantes participan en las reuniones presionando para que el mecanismo, que es parte de las medidas cautelares del sistema interamericano de derechos humanos aún vigentes y obligatorias para el Estado, cuente con todas las facultades y condiciones necesarias para hacer su trabajo.
Hay que recordar que hace menos de un año el gobierno aún sostenía la “verdad histórica” que afirmaba que todos los normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, incinerados y sus cenizas tiradas al río San Juan. Gracias a la intervención del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), derivado de estas medidas cautelares, hoy sabemos que hay sólidos indicios de que esto no fue así, de que hay otras rutas de la desaparición y de que hubo más escenarios y cuerpos policiales participantes en los hechos.
Terminado el periodo del GIEI por decisión del Gobierno Federal, el nuevo mecanismo dará seguimiento a las medidas cautelares concedidas por la Comisión, incluyendo todas las recomendaciones del Grupo de Expertos, tanto las relativas a la investigación del caso como aquellas estructurales para afrontar la desaparición forzada que llega a dimensiones epidémicas en México.
En la presentación del informe final del GIEI, el comisionado presidente de la CIDH, James Cavallaro, marcó algunas características indispensables para el mecanismo especial: visitas de monitoreo de la Comisión sobre avances de las investigaciones a la luz de los más altos estándares internacionales, con apoyo de expertos; pleno acceso a los expedientes y causas relacionadas con los hechos; formas para que miembros del Ejército sean entrevistados y su testimonio incorporado en el procedimiento; y todas las medidas necesarias para asegurar que a nivel federal y estatal se investigue a los autores materiales e intelectuales de los hechos, así como un mecanismo de búsqueda inmediata de los normalistas y el fortalecimiento de las acciones de alerta temprana en casos de desapariciones.
Lamentablemente, hasta ahora el Gobierno Federal se ha negado a cumplir la totalidad de los mínimos establecidos por la CIDH. Así, tendrá que ser la propia Comisión la que resuelva respecto a temas medulares del mecanismo que supervisará la investigación sobre uno de los casos más emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos en la actualidad.
Es importante tener presente que las medidas cautelares y las facultades del mecanismo no se reducen a una mera revisión de expedientes, sino que abordan la problemática estructural de las desapariciones, labor que comenzó el GIEI. De implementarse correctamente un mecanismo especial fuerte se podrá impulsar la lucha contra la desaparición forzada de personas, y esto se definirá en las próximas horas.
*Artículo publicado originalmente en Animal Político.