Junto con los graves acontecimientos de Iguala, Tanhuato, Apatzingán, La Calera, Ostula y Nochixtlán, la matanza de Tlatlaya marcará históricamente al régimen autocrático de Enrique Peña Nieto. El caso Tlatlaya involucra directamente al Ejército Mexicano y va en camino a quedar en la impunidad, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditaron que el 30 de junio de 2014 militares ejecutaron de manera extralegal, arbitraria y sumaria a un número que oscila entre ocho y 15 civiles, de 22 que resultaron muertos en una bodega de San Pedro Limón, en el estado de México.
Más allá de la verborrea demagógica del discurso presidencial y los mandos castrenses sobre el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en México, el caso Tlatlaya es paradigmático porque fue el primero donde elementos del Ejército Mexicano fueron juzgados después de la reforma de abril de 2014, que limitó el fuero de los integrantes de las fuerzas armadas.
La falta de verdad y justicia que prevalece en éste y otros casos ha hecho que en vez de que las fuerzas armadas se vean obligadas a una rendición de cuentas a cargo de civiles, se haya desatado un ataque no sólo contra las víctimas sobrevivientes en Tlatlaya y sus representantes, sino incluso contra la propia CNDH, a la que se ha presionado para que se retracte de su informe y declare inocentes a los militares que intervinieron en la matanza. (La Jornada)