*Hace un mes y seis días, el chiapaneco Maximiliano Gordillo se dirigía a Quintana Roo en busca de trabajo cuando fue desaparecido en un retén.
Ciudad de México, 14 de junio del 2016. El hogar-refugio para migrantes «La 72», el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Voces Mesoamericanas señalaron su indignación porque a un mes y seis días de la desaparición forzada de l migrante chiapaneco Maximiliano Gordillo Martínez aún se desconoce su paradero y las autoridades tienen graves fallas en su actuación en el caso.
«A la fecha hemos acudido a las instancias competentes, exigiendo el cumplimiento de sus funciones, en la investigación pronta, completa e imparcial que este hecho amerita. Sin embargo, la respuesta institucional reafirma la impunidad estructural y la irregularidad en el actuar del Estado mexicano en materia de desaparición forzada, trato a personas migrantes y en general en garantizar los derechos humanos», lamentaron.
Las organizaciones promovieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), señalando la participación de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y Policía Estatal de Tabasco en la desaparición forzada, pero en vez de abocarse a una búsqueda exhaustiva de Maximiliano e investigación de los funcionarios responsables, la PGR ha enviado el caso de una dependencia a otra y se han abierto de manera descoordinada carpetas de investigación entre diferentes fiscalías y con la Policía Federal, lo que habla de inoperancia y encubrimiento gubernamental, sostuvieron las y los defensores de derechos humanos.
«La investigación de la PGR y la respuesta del INM se ha acotado a negar que el nombre de Maximiliano Gordillo Martínez aparezca en sus registros nacional y regionales, como migrante asegurado o deportado en momento alguno. Además se nos ha negado el acceso a información complementaria que permita dilucidar lo acontecido aquella noche en la ruta en que transitaba, consistiendo en la identidad de los agentes que realizaban el operativo en el punto de revisión relatado, los acuerdos de colaboración entre el INM y la Policía estatal de Tabasco, vídeos de vigilancia en las distintas instalaciones del INM donde pudo estar Maximiliano, entre otras», abundaron.
Para las organizaciones, el caso es parte de una política migratoria represiva y discriminatoria. «Las organizaciones firmantes tanto en los estado de Chiapas como en Tabasco hemos documentado y denunciado pública y penalmente a las autoridades federales y estatales involucradas en los delitos de robo, secuestro, desaparición forzada, muerte por persecución de que son objeto las personas migrantes. En las oficinas de las Fiscalías especializadas, en las delegaciones de la PGR, en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos respectivas existen denuncias y quejas que dan cuenta de lo anterior», explicaron.
Los familiares de Maximiliano Gordillo Martínez y las organizaciones que acompañan el caso reiteraron su exigencia de que se realicen todos los mecanismos de búsqueda para la localización y presentación del joven.