Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado urgente sobre su falta de capacidad financiera. En concreto, el 15 de julio terminaría el contrato laboral del 40 % de su personal y las audiencias programadas de julio y octubre quedarían suspendidas. El presupuesto anual de la comisión en este ejercicio es de apenas 5 millones de dólares. La Organización de Estados Americanos destina el 6% de su presupuesto a la CIDH y el resto son donativos y aportaciones voluntarias de los Estados miembros. Para este año solo Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay han hecho aportaciones cercanas a los 2.8 millones de dólares de los que el 85 % corresponde a EUA.
Entre sus principales atribuciones, la CIDH recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, o aquellos Estados que aún no la han ratificado, han violado derechos humanos; observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros, y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado Miembro cuando lo considera apropiado.
El problema no es tanto económico como político. Una Comisión que puede recibir peticiones individuales opera bajo una convención de última generación y tiene relatorías de vanguardia, y una Corte capaz de brindar justicia es incómoda para los Estados en esta nueva ola autoritaria en el continente. Un ejemplo. El último informe sobre México deja muy mal parado al Estado mexicano que, pese a la reforma constitucional del artículo 1° y su pulsión por firmar tratados y convenciones, tiene uno de los peores récords en materia de derechos humanos: tortura generalizada, violencia contra la prensa, impunidad, debido proceso sin observación e instituciones corruptas. El informe, en lugar de disputa política, podría ser leído por el Estado mexicano como una guía mínima para su recomposición.
La última aportación de México fue en el 2014 con 500 mil dólares. Poco en comparación con los retos que enfrenta. En los medios, la descalificación a defensorxs de derechos humanos y a la CIDH ha sido sistemática. Esos mismos medios reciben cantidades estratosféricas de dinero por parte del gobierno sin control alguno. El año pasado, el gobierno federal gastó 7 mil 574 millones 471 mil pesos en publicidad oficial, esto es 65.8% más de lo que tenía planeado. Hago una propuesta: que se gaste lo presupuestado y que este dinero excedente –que aparentemente sobra en las arcas– sea donado a la CIDH. Menos propaganda, más derechos humanos. (Animal Político)