La minería a cielo abierto vive un nuevo auge en América Latina. La destrucción del hábitat con el uso de nuevas tecnologías que permiten en poco tiempo y a bajo costo, mover millones de toneladas de tierra para extraer minerales del subsuelo, utilizando para ello grandes cantidades de agua y químicos de frotación, lixiviación por cianuro o mercurio, forman parte del modelo extractivista depredador. La nueva minería es la que ha detonado grandes conflictos sociales en varios países de América Latina. La mayoría de ellos tienen que ver con la imposición de megaproyectos dentro de enclaves indígenas y campesinos, que son ricos en bienes naturales y que forman parte de sus territorios sagrados.
En los últimos 10 años el territorio de los pueblos indígenas de la Montña y Costa Chica ha despertado el interés del sector minero debido a los 42 yacimientos que aquí se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 38 concesiones por 50 años para que varias empresas mineras realicen actividades de exploración y explotación minera en la Montaña, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos Nauas, Me’phaa y Na Savi. Los títulos entregados en esta región corresponden a cerca de 200 mil hectáreas y actualmente se encuentran en la fase de exploración.
La violencia que se ha suscitado en esta comunidad se extiende en todo el cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas 12 empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia y Teloloapan, ubicadas en las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro. Se trata de territorios que están siendo disputados a sangre y fuego por varias organizaciones del crimen organizado que pelean palmo a palmo las rutas, el control de las cabeceras municipales, el sometimiento y control de la población, la apropiación de los bienes materiales y giros comerciales, los pagos de piso, los pagos por la seguridad y las cuotas de las mismas empresas mineras y sus trabajadores. Nada escapa de su control. Todo necesariamente pasa por el filtro delincuencial, llámese cuota, pago, extorción o impuesto. La ley no está en manos de las autoridades, sino del crimen organizado.
El gran logro que obtuvo la comunidad Me’phaa Júba Wajiín (San Miguel el Progreso) de la Montaña de Guerrero, de que las empresas Hochschild y Zalamera se haya desistido de sus concesiones mineras y por lo mismo, se declararan canceladas, es un gran avance en esta ardua batalla contra la Ley minera, que es la gran demanda que la comunidad de san Miguel ha planteado a la Suprema Corte de Justicia para que pueda establecer criterios amplios sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a proyectos mineros depredadores, que son autorizados sin consultar a los verdaderos dueños de estos territorios. (Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan)