*Llaman a garantizar investigación exhaustiva, eficaz, imparcial; incluidos oficiales militares de alto nivel.
Ciudad de México, 20 de mayo. – La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, externó su preocupación por la impunidad que prevalece en el caso Tlatlaya.
«Estamos profundamente consternados de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya, incluida la alegada ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso permanezca en la impunidad y a las víctimas se les continúe negando sus derechos a la justicia y la verdad», sostuvo en Ginebra.
«Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen una investigación minuciosa, efectiva, imparcial, independiente y profunda en este caso emblemático. También urgimos a las autoridades de judiciales y de procuración de justicia a cumplir con las más altas normas y estándares de derechos humanos en sus investigaciones y en la conducción de sus juicios», pidió.
Consideró que las investigaciones tienen que extenderse para examinar a todos los que pueden ser responsables, incluidos los militares superiores que tienen cadena de mando, así como quienes dieron las órdenes para cometer estos crímenes.
Shamdasani hizo referencia a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que indica que de las 22 personas que perdieron la vida, al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente en una bodega en Tlatlaya en junio de 2014.
Indicó que siete militares fueron arrestados por estos hechos, pero en octubre de 2015, un juez retiró los cargos en contra de cuatro de ellos y la semana pasada fueron liberados otros tres por evidencia insuficiente.
El portavoz recordó que, en su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que el caso Tlatlaya se observaría de manera cercana como prueba del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad, luego de la reforma al Código de Justicia Militar para que sean las cortes civiles las que juzguen a militares en casos de crímenes contra ciudadanos.