Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014, terminó develando otra serie de atrocidades originadas en el negocio del narcotráfico. (Vea el especial Desaparecidos: duelo eterno)
Así fue como el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), tras la negativa del Ejecutivo de prorrogar su investigación, puso en duda no solo la versión oficial de la desaparición de los normalistas, sino la credibilidad del Estado mexicano, además de revelar uno de los más grandes dramas del país: la desaparición forzosa.
Esa noche, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se movilizaban en un bus para participar en un mitin político, desaparecieron misteriosamente en Iguala (Guerrero).
La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones de casos como el del Palacio de Justicia o la parapolítica, y quien hizo parte de este grupo de cinco expertos internacionales, contó a EL TIEMPO por qué sus informes destaparon ollas que “fuerzas poderosas” querían mantener ocultas. (El Tiempo)