* Su defensa representada por el Centro Prodh asegura que el caso sigue abierto.
Ciudad de México, 17 de mayo. – Luego de que se ordenara la liberación de tres militares por el caso Tlatlaya, Clara Gómez, sobreviviente y testigo y madre de una de la menor de edad ejecutada, dijo en diversos medios estar temerosa de que estos elementos puedan tomar represalias en su contra, incluso a pesar de que cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuente con un plan de protección.
Clara reiteró que a ella le consta que los hombres ejecutados se rindieron ante la llegada del Ejército, sin embargo, fueron ejecutados. Indicó que se siente indignada y enojada por la liberación de los tres militares porque entonces en este país ya no se pueden hacer denuncias porque no pasa nada.
«Para mi vienen muchas cosas muy difíciles porque de lo que pasó hace dos años, de lo que hizo el gobierno. Yo lo que vi fue eso, que los estuvieron ejecutando y que la mayoría se rindieron… Cuando entró el Ejército que se rindieran y que les iban a perdonar la vida a todas las personas que estaban ahí y al tiempo de pasar unos minutos de que se rindieron, fueron pasando de una sola persona, de los militares que entraron, que fueron tres, y ahí fue que empezaron a ejecutarlos».
Su defensa representada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguraron en diferentes espacios informativos que el caso sigue abierto y que le toca a la Procuraduría General de la República, PGR, continuar con la investigación.
Asimismo, su defensa indicó que la liberación de los tres militares implicados en la ejecución de 22 personas prueba la impunidad que rodea el Ejército y la Marina y revela las fallas en que incurre el sistema judicial.
Señalaron que tanto el Ejército como la Marina conforman un poder ajeno a la rendición de cuentas y al respeto a los derechos humanos y con este fallo, el Poder Judicial de la federación contribuye a que incluso haya ejecuciones extrajudiciales.