El próximo 19 de junio deberá estar funcionando en todo el país el nuevo sistema de justicia penal al cumplirse el plazo fijado en la reforma constitucional de 2008 que marcó un nuevo paradigma en lo que deberá ser la impartición de justicia a partir de audiencias orales. Más allá de la necesaria preparación en el Poder Judicial, en las y los abogados, coloca a los ministerios públicos en situación de sustentar y argumentar sus acusaciones de manera directa y no como hasta ahora, a través de sus legajos y escritos. Sin embargo, la reforma por sí misma, con todo y sus bondades, no toca la raíz de un sistema de procuración y administración de justicia que suele alejarse de la misma, particularmente cuando se trata de casos donde son evidentes los delitos graves o de lesa humanidad que involucran a fuerzas del Estado civiles y o militares o bien existen evidencias de colusión con grupos de la llamada delincuencia organizada y éstos no son investigados adecuadamente conforme a las reglas básicas del debido proceso. Justamente dos de los casos más recientes, Tlatlaya y Ayotzinapa, que parecieran colocarse en los extremos y no relacionarse entre sí, tienen en común la deficiencia en la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que no puede atribuirse a simples fallas técnicas o débiles sustentos probatorios.
verdad históricay señaló que hay un interés superior y muy fuerte que bloquea la investigación; la respuesta de Estado fue quitar del camino al grupo de expertos y decir que sí a sus recomendaciones sin ir a fondo en indagar a los investigadores. Ahora está tratando de evadir el compromiso de definir con la CIDH un mecanismo de seguimiento y monitoreo que por lo demás está dentro de las facultades del organismo interamericano. Hasta ahora de manera intencional se ha evitado plantear la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas justamente en el marco de ese delito. El inconfundible olor a impunidad se hace presente. (La Jornada)