Es la metáfora de la sociedad y su gobierno: un grupo de agentes participa en la tortura de un supuesto criminal. Mientras uno coloca la bolsa de plástico sobre la cabeza de la víctima, otros miran igual a como lo harían mientras el carnicero destaza el lomo de un cerdo.
No intervienen y tampoco desaprueban. Un par de individuos filma con indolencia para que el acto de crueldad logre permanecer en el tiempo. El video fue colgado en el sitio Mexicoleaks. En él se muestra que los perpetradores son integrantes de la Policía Judicial del Estado de México.
Este video podría ser prueba de que en nuestro país la tortura es persistente pero en realidad las imágenes dan cuenta de algo todavía más grande: exhiben la impunidad con que se protege a la autoridad torturadora.
No importa que el reclamo venga de un relator de la ONU y tampoco que la imagen del país se desmorone por ello en las páginas de la prensa extranjera.
Dentro de la casa creemos que el malestar social está inflado y quien denuncia es tratado como un delator con agenda inconfesable.
No hay geografía mexicana que se salve de esta realidad. Este fin de semana, la periodista Anabel Manzano publicó en aristeguinoticias.com una formidable investigación sobre la tortura en el estado de Nuevo León (http://bit.ly/1sfyLni).
Ella prueba con datos duros que, durante el mandato de Rodrigo Medina, aquella entidad alcanzó el umbral más alto del país en denuncias por tortura y otras violaciones a derechos humanos. Entre 2007 y 2015 la Comisión Estatal de Nuevo León habría demostrado 119 casos de tortura cometidos por policías del estado y, sin embargo, en ninguno hubo sanciones.
En México, la protección a los derechos humanos es un valor secundario. De ahí que todo aquel que tenga placa y uniforme cuente con permiso para hacer cuanto le venga en gana.
Es irrelevante si su arbitrariedad en los procedimientos hace que miles de culpables estén en las calles o que tantos otros inocentes hayan sido acusados por delitos que no cometieron. (El Universal)