*La liberación del defensor de los bosques sería un paso para comenzar a reconocer y resarcir a quienes dedican su vida a la defensa de lo común
Ciudad de México, 11 de mayo.- El lunes, Amnistía Internacional nombró preso de conciencia a Ildefonso Zamora, líder tlahuica defensor de los bosques en el Estado de México. Para Greenpeace México y el Centro Prodh, acompañantes del caso, este nombramiento confirma que las autoridades mexicanas estatales y federales mantienen en prisión por razones políticas y con una acusación sin fundamentos al ambientalista.
El caso de Ildefonso es paradigmático de lo que cotidianamente enfrentan quienes defienden los bienes naturales comunes en un México donde los intereses económicos ilegales y el poder estatal han sellado un pacto de connivencia.
La comunidad tlahuica de San Juan Atzingo se ubica en el municipio de Ocuilán, Estado de México, dentro del corredor biológico Ajusco – Chichinautzin, una zona boscosa de gran magnitud que alberga una gran diversidad biológica, pero que se ha visto afectada por la deforestación ilegal.
Ildefonso Zamora ha encabezado las denuncias contra la tala ilegal y los trabajos de recuperación del bosque desde hace cerca de veinte años. Hasta 2007, quienes llegaban a ser detenidos por las denuncias hechas por la comunidad eran liberados al poco tiempo y las amenazas contra los comuneros iban subiendo de nivel. Ildefonso Zamora -en ese entonces comisariado de Bienes Comunales- y su equipo de trabajo realizaron diversas acusaciones ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente; regresando de interponer una de esas denuncias, en mayo, les lanzaron un atentado a que cobró la vida de su hijo Aldo, mientras que el otro, Misael, quedó herido.
Unas semanas después del atentado, Ildefonso y su comunidad recibieron de manos del entonces presidente Felipe Calderón un premio al mérito ecológico; el mandatario prometió justicia, lo mismo que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
Los atacantes, parte de las bandas de talamontes que operaban en los bosques del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y sus alrededores, fueron señalados por Misael y otras personas como los responsables de la muerte de Aldo. Fueron detenidos y juzgados sólo dos de los cuatro presuntos homicidas, a pesar de estar plenamente identificados y de que existen órdenes de aprehensión en su contra.
En el año 2014, Misael fue detenido arbitrariamente por policías estatales, militares y funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Protectora de Bosques del estado de México (Probosque), quienes les imputaban tala ilegal. La detención no se consumó debido a la intervención de los vecinos. Lo curioso es que tanto Profepa como Probosque habían recibido denuncias de la familia Zamora contra la tala clandestina.
En noviembre del año pasado, Ildefonso Zamora fue detenido a golpes y empujones en las oficinas del Palacio Municipal de Ocuilán de Ortega, donde cumplía con sus funciones como regidor del área de Turismo y Medio Ambiente. No le mostraron la orden de aprehensión y fue trasladado a las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Tenancingo, bajo el cargo de robo y allanamiento de morada. El proceso está lleno de irregularidades, pues se violó gravemente su derecho a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una denuncia en su contra, hecho que, entre otras cosas, no permitió su defensa adecuada.
Como se puede ver, el caso de Ildefonso, su familia y su comunidad es parte de un contexto nacional en el que los casos de defensores del ambiente perseguidos suelen compartir algunas características: se trata de comunidades indígenas o campesinas sin acceso a educación o servicios médicos de calidad, en pobreza extrema o media, que han denunciado ante las diferentes instituciones gubernamentales el saqueo de los bienes naturales comunes sin obtener una solución. Los representantes comunitarios son perseguidos y criminalizados a través de la fabricación de delitos y mediante procesos penales irregulares para amedrentar al resto de la comunidad.
La liberación de Ildefonso sería un paso en la dirección correcta para comenzar a reconocer y resarcir a quienes dedican su vida a la defensa de lo común. El nombramiento de preso de conciencia a Ildefonso, otorgado por la organización de derechos humanos más grande del mundo, debe ser considerada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, así como por el Juez Vicente Antonio Bermúdez, del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien próximamente resolverá el juicio de amparo promovido por la defensa del líder tlahuica.
*Nota publicada en Animal Político. http://www.animalpolitico.com/blogueros-la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/