* Amnistía Internacional otorga el nombramiento y exige la pronta liberación del detenido; la decisión, en manos de juez de distrito.
Ciudad de México, 09 de mayo de 2016. El nombramiento del defensor de bosques Ildefonso Zamora como preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional confirma que las autoridades mexicanas estatales y federales mantienen en prisión por razones políticas y con una acusación sin fundamentos al ambientalista tlahuica, quien por casi 20 años ha luchado pacíficamente contra la tala ilegal en el Estado de México, señalaron hoy Greenpeace y el Centro Prodh, acompañantes del defensor del territorio.
Los presos de conciencia son personas encarceladas por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición. Es una distinción que Amnistía Internacional sólo da a personas que no han usado la violencia ni propugnado su uso. Desde prisión, Ildefonso Zamora señaló: «Yo trabajo para detener la tala ilegal en nuestros bosques y ese trabajo me costó caro. Me costó la vida de mi hijo y mi libertad. Quiero seguir trabajando por el bien de mi comunidad y porque la tala está acabado con gran parte de nuestra madre tierra.»
«La determinación adoptada por la organización de derechos humanos más grande del mundo debe ser considerada por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, así como por el Juez Vicente Antonio Bermúdez, del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien próximamente resolverá el juicio de amparo promovido por la defensa del líder indígena tlahuica», indicaron las organizaciones, quienes confiaron en que el juzgador otorgará en breve el amparo de la Justicia Federal reconociendo que la acusación sin fundamentos en su contra busca inhibir la labor que ha ejercido como defensor de los bosques de San Juan Atzingo.
“A Ildefonso Zamora lo están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos”, sostuvo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ildefonso es originario de San Juan Atzingo, en el Estado de México, donde ha combatido la tala clandestina de los bosques especialmente desde el año 2005. El 15 de mayo de 2007, tras interponer una denuncia por tala ilegal, sus hijos fueron emboscados. Aldo murió y Misael quedó herido. Unas semanas después, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, le entregó un reconocimiento por su trabajo y le prometió justicia, lo mismo que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue detenido por policías ministeriales y trasladado al penal de Tenancingo en un vehículo particular. Fue acusado de robo a casa-habitación y allanamiento de morada, una acusación apoyada en testimonios fabricados y un proceso irregular. Amnistía Internacional detalló que el fiscal registró los testimonios de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas. El estado de salud de Idelfonso es un factor de riesgo, pues padece de diabetes y tiene una lesión en un dedo de la mano derecha a consecuencia de la misma enfermedad; sin embargo, las autoridades carcelarias le han condicionado el acceso a sus medicamentosy las condiciones en la cárcel son malas.
Desde que el Centro Prodh y Greenpeace México documentaron el injusto encarcelamiento del ambientalista, lanzaron la campaña #IldefonsoLibre que incluye una petición en línea dirigida al Gobernador, Eruviel Ávila; al Procurador de Justicia Estatal, Alejandro Gómez; y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sergio Medina; para exigirles desechar los falsos cargos que se le imputan a Zamora. Hasta el día de hoy, ninguna de las autoridades ha respondido a las más de 22 mil personas que ya firmaron la carta para exigir la liberación de Ildefonso.
«Frente a la inacción de las autoridades del Estado de México, el Juez Federal de Amparo Vicente Antonio Bermúdez tiene en sus manos la oportunidad de finalmente hacer justicia, atendiendo así el llamado de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de miles de personas que saben que Ildefonso Zamora fue detenido en represalia por defender el medio ambiente y los derechos humanos», finalizaron las organizaciones.