* Las desapariciones se dieron en presencia o con aquiescencia del Ejército, Gendarmería, policías federales y policías estatales, señalan organizaciones.
Ciudad de México, 09 de mayo de 2016. A un año de la desaparición forzada de por lo menos 16 personas en la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a manos de personas autodenominadas como Policías Comunitarias “Por la paz y la justicia” , organizaciones de derechos humanos exigieron verdad, justicia y reparación del daño a las familias de los desaparecidos, y condenaron la falta de voluntad política de autoridades de distintos niveles de gobierno para dar con su paradero.
Las organizaciones recordaron que a mediados del mes de mayo de 2015, más de trescientas personas provenientes de comunidades de Chilapa de Álvarez irrumpieron en la cabecera municipal fuertemente armados, en presencia de las policías estatal y federal, además de la Gendarmería y el Ejército, exigiendo la captura y procesamiento del “Chaparro”, líder de grupo de la delincuencia organizada “Los Rojos” en Chilapa. Este grupo desarmó a los policías municipales y se apoderó del Palacio Municipal, detuvo, torturó, interrogó y desapareció a gente que consideraban sospechosa de pertenecer al grupo de la delincuencia organizada. Durante este tiempo, de acuerdo con el comunicado de las organizaciones, la Gendarmería se resguardó en el hotel “Las Brisas” y «el resto de agentes de seguridad tampoco procedieron en defensa de la ciudadanía», denunciaron.
Desde entonces permanecen desaparecidos Alexander Nava Reyes, Arturo Gutiérrez Jaimes, Carlos Emanuel Meza Nava, Crispino Carreto Gonzales, Daniel Velázquez Romero, Gemino Neri Agustín, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, Jorge Abarca Jaimes, Jorge Luis Salmerón Hernández, Josefino Jesús Cruz, Juan Carreto Cuevas, Miguel Carreto Cuevas, Samuel Carreto Vázquez, Sebastián Ulises Alonzo Jaimes, Sergio Derramona Abarca y Víctor Carreto Cuevas. Después de los hechos, los familiares de los desaparecidos formaron la organización «Siempre Vivos», a la que se integraron personas que tienen familia desaparecida desde el 2011.
Las organizaciones acusaron que autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso de los desparecidos de Chilapa, por ejemplo el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; la Procuradora General de la Republica, Arely Gómez y el gobernador del estado, Héctor Astudillo, además de que se anunció la presencia de 3 000 elementos del Ejército Mexicano y la creación de un cuartel militar «sin que esto haya ofrecido una respuesta a la violencia generalizada en Chilapa y sus alrededores, ni haya dado con indicios o respuestas sobre el paradero de alguno de los desaparecidos de aquellos terribles 6 días», lamentaron.
«De igual forma, es necesario apuntar que al día de hoy no existe ningún resultado en la investigación, radicada en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015, sobre lo que pasó en esos días, ni sobre la participación u omisión de las fuerzas de seguridad estatales, federales y castrenses. Es grave que en México se desaparezcan personas en presencia y con la aquiescencia de las fuerzas policiales y que las instancias encargadas de investigar delitos, no tengan la capacidad de dar con el paradero de los desaparecidos a pesar de que existen pruebas fehacientes que indican quienes son los presuntos responsables; quienes además continúan incursionando armados impunemente en las cabeceras municipales de Zitlala y Chilapa, como ha sido evidenciado en días recientes», indicaron el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la propia organización de familiares de desaparecidos “Siempre Vivos” y la Red Nacional De Organismos Civiles De Derechos Humanos “Todos Los Derechos Para Todas Y Todos”.
Las y los defensores también denunciaron el olvido del caso y el cese de apoyo a las familias por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaria de Gobernación.
Las organizaciones exigieron la realización de búsquedas serias, inmediatas y con resultados claros; la creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, con personal interdisciplinario, autónomo y capacitado; que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas; que se legisle en materia de declaración de ausencia, de acuerdo a estándares internacionales; y el apoyo puntual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las familias de los desparecidos, sin trabas burocráticas.