
Estos seis meses fueron vitales para el gobierno mexicano que no sólo incumplió los términos del acuerdo, sino que logró desacreditar –ante una parte de la opinión pública mexicana– el trabajo de los expertos del GIEI y difundir un informe que da nueva vida a “la verdad histórica”. En retrospectiva se puede reconstruir la estrategia con precisión.
En paralelo a los incumplimientos de los acuerdos, el gobierno mexicano inició dos campañas: una, para posicionar en la opinión pública que la diferencia entre “la verdad histórica” y el informe del grupo de expertos era si los normalistas habían sido o no cremados en el basurero de Cocula; y la otra, para descalificar a los integrantes del grupo de expertos y de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
En parte de la opinión pública mexicana el gobierno logró sembrar la duda respecto a la credibilidad y el valor de los trabajos del GIEI en el momento preciso para dar por concluida su misión en México. La estrategia le funcionó al gobierno mexicano y por ello actúa con tanta seguridad.
Lo que el gobierno mexicano no toma en cuenta es que en el ámbito internacional, especialmente en los organismos internacionales (tanto de derechos humanos como generales –ONU y OEA–), en las organizaciones internacionales de derechos humanos y en la opinión pública internacional, la precepción de la violación de los derechos humanos es la misma o peor que la que se tenía en octubre del año pasado, y eso se deja sentir en las protestas que tuvo que soportar el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente gira por Europa. Es una victoria pírrica que le puede resultar muy cara. (Proceso)