*Expresaron su «grave preocupación» por los atentados personales contra los defensores de derechos humanos en México, incluyendo al GIEI.
Ciudad de México, 6 de abril de 2016. Tres expertos de derechos humanos de Naciones Unidas exhortaron hoy al Gobierno de México a expresar su completo respaldo al trabajo de los defensores y las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, y a que contrarreste activamente la actual campaña de estigmatización que busca socavar su trabajo como promotores de las libertades fundamentales en el país.
“Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país”, expresó el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
El llamado de los expertos se da en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos que está empeorando el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en el país. En el último mes, a través de una campaña mediática, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.
“El trabajo que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en México ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”, declaró Forst
Los relatores de la ONU también indicaron que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones.
“Cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación,” precisó el Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
“El Gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”, añadió el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai.
Los tres expertos en derechos humanos expresaron su grave preocupación en relación con los atentados personales contra los defensores de derechos humanos en México, mismos que incrementan el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad para ellos y su trabajo, y han expresado su preocupación al Gobierno de México.
El día de ayer, la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizó un llamado al Estado Mexicano «para que desde el más alto nivel se manifieste en contra del discurso de odio que promueven grupos legales e ilegales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, y en contra de periodistas críticos a la corrupción, impunidad y uso ilegal de las instituciones. Llamamos también a que ofrezca a la brevedad señales políticas de apoyo al derecho a defender derechos, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y sancione de forma contundente a los perpetradores de los ataques mediáticos, especialmente donde participan funcionarios públicos».
La organización señaló que México ahora es motivo de preocupación en la región, ya que aún con las diversas respuestas oficiales no se logra detener a grupos de interés dentro de los distintos niveles de gobierno, empresas, grupos de ultraderecha y crimen organizado, quienes con omisión, aquiescencia o complicidad de funcionarios atacan y promueven un discurso de odio contra quienes legítimamente defienden el Estado de Derecho.