«Alerta roja» para la seguridad de Gustavo Castro: REMA

*El asesinato de otro activista del COPINH incrementa el riesgo para el ambientalista mexicano, retenido en Honduras.  

chrome_2016-03-07_09-47-15Ciudad de México, 17 de marzo. La Red Mexicana de Afectados por la Minería señaló que el asesinato de Nelson García, integrante del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), eleva a alerta roja la situación de seguridad de Gustavo Castro Soto, testigo y víctima en el atentado que le costó la vida a la emblemática líder Berta Cáceres el pasado 3 de marzo.

Gustavo Castro Soto permanece protegido en la Embajada de México en Honduras, y han pasado ya 5 días desde que el gobierno mexicano solicitó que se permitiera su retorno a México lo antes posible, desde donde seguirá colaborando con el proceso de investigación como lo prevé la propia normatividad hondureña y el acuerdo vigente entre ambos países para facilitar la asistencia jurídica mutua, en materia penal. El gobierno hondureño no respondió a la solicitud, sosteniendo la prohibición para la víctima de salir por 30 días de territorio hondureño.

«Con todos estos ataques violentos y atentados contra el COPINH constatamos que el gobierno de Honduras no puede garantizar el cumplimiento de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente la Resolución 8/2016, en la que se incluye la MEDIDA CAUTELAR No. 112-16 en relación con los miembros de COPINH y familiares de Berta Cáceres respecto de Honduras, en la que considera que los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo», valoró la REMA.

La CIDH también consideró necesario que el Estado hondureño tome todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de Gustavo Castro durante todo el proceso para preparar y completar su salida.

Castro señaló, en días pasados, que existe manipulación en las investigaciones para intentar inculpar a miembros del COPINH del asesinato de Berta Cáceres, dejando de lado las amenazas que recibió por parte de empresarios constructores de la hidroeléctrica Agua Zarca.