*Fortuna Silver Mines busca ampliar su proyecto a comunidades vecinas a San José del Progreso, a pesar de la devastación ambiental y social a su paso.
Ciudad de México, 15 de marzo. Al cumplirse cuatro años del asesinato del activista antiminero Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el crimen permanece en la impunidad a pesar de que existen señalamientos claros sobre la autoría intelectual y material del homicidio, y acusaron que la empresa a la que Bernardo combatió, Fortuna Silver Mines, pretende expandirse hacia comunidades de los distritos de Ejutla y Ocotlán, en Oaxaca.
Desde 2008, la CPUVO manifestó su rechazo al proyecto minero de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. La Coordinadora denunció que la empresa financiaba grupos armados en San José del Progreso con la participación del entonces presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez; también informó de constantes hostigamientos contra los pobladores opositores al proyecto. El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vázquez fue emboscado y asesinado poco después de haber asistido a una reunión con funcionarios del gobierno de Oaxaca para analizar el conflicto generado a partir de la instalación de la mina. En el ataque también resultaron heridos Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez, integrantes de la CPUVO.
«Hasta el día de hoy, no se ha investigado a los autores intelectuales del asesinato de Bernardo. En 2015, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca permitió que salieran en libertad Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, acusados de ser los autores materiales del crimen. Además, y a pesar de los daños ambientales y de ruptura del tejido social causados por los trabajos de la mina en San José del Progreso, la empresa minera, con anuencia del gobierno federal y el estatal, buscan expandir el proyecto a comunidades que expresaron su rechazo mediante una declaratoria a nivel regional, el 30 de noviembre de 2015», sostuvieron las organizaciones agrupadas en el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
«Bernardo es recordado en las comunidades de los Valles Centrales y el estado de Oaxaca como un ejemplo en la defensa del territorio frente a la destrucción que generan las empresas mineras, por lo que las organizaciones firmantes exigimos justicia para él y la comunidad de San José del Progreso. De igual forma exigimos a las autoridades estatales y federales que respeten la decisión de las comunidades de Ocotlán y Ejutla, centrada en no permitir ningún proyecto extractivo en la región», finalizaron las organizaciones.