El guión está claro. Desde hace semanas, los organizadores de la campaña contra los expertos independientes que proporcionan asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se han dedicado a inventarles todo tipo de delitos. Han echado mano de la máquina de fango para sembrar en la opinión pública todo tipo de falsedades y medias verdades sobre ellos y su trabajo.
La ofensiva arrancó el 6 septiembre de 2015. En esa fecha, los expertos presentaron un informe de trabajo de seis meses, que mostró la mentira de la verdad histórica
del gobierno y evidenció la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 alumnos de Ayotzinapa hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula.
Antes del informe del GIEI, apenas y se difundían opiniones negativas sobre el organismo o acerca de sus integrantes en los medios de comunicación. Casi nadie cuestionaba su pasado laboral o su experiencia profesional. Las primeras críticas comenzaron a escucharse en los últimos días de agosto. Pero a partir de septiembre se convirtieron en un verdadero alud de fango. ¿Así o más claro?
Pero, más allá del desenlace formal que tenga este episodio por el relato, sigue en disputa el camino que seguirá la investigación. Tal y como fue armado el expediente del caso, la pesquisa gubernamental busca presentar la noche de Iguala como una acción local perpetrada por el crimen organizado. Sin embargo, hay elementos muy sólidos que permiten establecer jurídicamente que se trató de un crimen de Estado. El aferramiento gubernamental a su narrativa y la guerra de lodo contra el GIEI le traerá un costo político mayor que el pagado hasta ahora. En el terreno internacional, su prisa por cerrar el caso a como dé lugar, impidiendo que la verdad aflore, no hará sino aumentar las dudas sobre su responsabilidad en el crimen. (La Jornada)