Difícilmente podríamos imaginar una experiencia más brutal que la desaparición de un hijo o una hija, de un hermano o de un padre. Por desgracia, son miles y miles las familias que en distintas regiones del país viven con la angustia de no saber del paradero de quien salió de su casa como todas las mañanas y nunca volvió. En muchos casos hay testimonios de comandos armados o, incluso, de miembros de corporaciones policiales o militares, que se llevaron a quienes hoy están desaparecidos.
La convicción de que autoridades de distinto rango están coludidas con los criminales hace que la gente no denuncie estos hechos. En otros casos, las fiscalías especializadas en desapariciones no tienen los recursos para investigar o los fiscales tienen miedo de seguir las investigaciones. Se completa, así, el círculo perverso: la impunidad potencia la violencia delincuencial.
El tema de las «desapariciones forzadas», aquellas en las que intervienen agentes del Estado (del orden federal, estatal o municipal), lleva el horror a los terrenos de la responsabilidad política y el desgobierno. No obstante, lo mismo en el ámbito federal que en los feudos estatales, la autoridad sigue mirando hacia otro lado, simulando o escurriendo el bulto. Baste ver lo que hacen gobernadores como César Duarte, de Chihuahua; Egidio Torre, de Tamaulipas; Graco Ramírez, de Morelos, o Javier Duarte, de Veracruz. (El Universal)