En el frío enero, dos mediciones nos volvieron a colocar en graves problemas: Human Rights Watch (HRW) nos recordó la crisis de derechos humanos y Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 95 de una tabla de 168 países, muy lejos de otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile y Costa Rica, que están en el sitio 21, 23 y 40 respectivamente, incluso lejos de Brasil que está en el lugar 76. Por supuesto, también estamos en el último lugar de la OCDE (34). Parece como si algo se hubiera fracturado en el país y no se ha podido reconstruir aún, como si estuviéramos amarrados a una inercia que no se puede romper.
Todos los días escuchamos de los supuestos esfuerzos que se hacen para combatir la corrupción y para salir del horror en el que vivimos desde que se inició la guerra con el narco. Pero la realidad y las inercias destruyen los discursos.
Este país fracturado no ha podido sanar con nuevas leyes. Las reglas sobre desapariciones forzadas y tortura, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la Ley de Víctimas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el sistema anticorrupción, la Ley de Transparencia, no han mejorado la situación. Como se decía antes, una cosa es el país legal y otra es el país real. Para ir de las reglas a las prácticas hay que pasar por buenos desempeños y construir confianza. ¿Cuántos ex gobernadores impunes más; cuánto saqueo de las arcas públicas es tolerable; cuánta destrucción de la naturaleza por corrupción como en el manglar de Tajamar, Cancún; cuánta impunidad más; cuántas desapareciones forzadas como los 43 de Ayotzinapa y ahora los 5 de Veracruz; cuántos informes internacionales más sobre violencia y corrupción? ¿Cuántos? (El Universal)