*La organización internacional espera que la futura norma se adecúe a estándares internacionales.
Ciudad de México, 25 de enero de 2016. La iniciativa de Ley general contra la tortura, presentada por el Poder Ejecutivo, «no debería incorporar contenidos equívocos respecto la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», señaló la delegación de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que finalizó su visita a México.
En reunión con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), la delegación de la organización señaló que siendo una práctica muy arraigada en el país, el uso de pruebas obtenidas bajo tortura y malos tratos debería prohibirse de forma incondicional y absoluta.
«De la misma forma, el texto actual debería ampliar el sujeto activo del tipo penal de malos tratos; enmendar la configuración del principio la responsabilidad penal del superior jerárquico, para incluir cualquier nivel en la cadena de mando; garantizar la autonomía del mecanismo nacional de prevención respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y reincorporar otros elementos del texto consultado con organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, los cuales fueron eliminados o modificados en la iniciativa de ley enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, el pasado 10 de diciembre», criticó la organización.
La OMCT visitó México del 18 al 22 de enero, en momentos en que están por aprobarse la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley General sobre Desapariciones Forzadas.
La delegación que visió México destacó la importancia de redoblar los esfuerzos para implementar satisfactoriamente las recomendaciones de organismos de derechos humanos del ámbito regional y universal -entre ellas, las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes- para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que vive el país.
«Sociedad civil y autoridades coinciden en la importancia de tener un marco legal exhaustivo e inequívoco para prevenir, investigar y sancionar la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la desaparición forzada, el cual juzgan como indispensable para sentar las bases del cambio legal, institucional y cultural», afirmó la delegación de la OMCT. «Con este fin, esperamos que, en el marco del inminente proceso de discusión y aprobación en sede parlamentaria, se modifiquen los puntos que comprometerían su adecuación a los estándares internacionales».
La delegación de la OMCT estuvo compuesta por Fernando Mariño Menéndez, ex miembro del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y Helena Solà Martín, consejera de derechos humanos de la organización y coordinadora del Programa de América Latina.