Estas imágenes de la destrucción de casi 60 hectáreas de manglar en el Malecón Tajamar de Cancún han movido a muchos y muchas entre la rabia, la indignación y las manifestaciones públicas, coincidiendo en lo difícil que es concebir lo que debe pasar por la mente de quienes deciden seguir adelante con un ecocidio de tal magnitud; pero, sobre todo, con la sensación de que hay poco que se pueda hacer ya, ante un panorama que juega en contra de los defensores del manglar y les deja solos con la impotencia: una deficiente y escasa regulación ambiental a nivel nacional, la complicidad y protección de los tres niveles de gobierno, la falta de legislación internacional en la materia –recordemos la negativa a considerar el ecocidio como crimen contra la paz en el Estatuto de Roma que constituyó la Corte Penal Internacional hace casi 20 años– y los altos niveles de corrupción que se mantienen en la regulación de nuevas construcciones a nivel local.
Pero este ecocidio también pone de manifiesto un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años en Cancún: una mayor participación y manifestación social en los problemas que aquejan a la ciudad, reflejo de una mayor madurez de una sociedad relativamente joven que comienza un proceso de cohesión social por las malas. Casi siempre, las causas que han mostrado un interés público han sido de reacción: desde los 43 de Ayotzinapa hasta la reciente ola de feminicidios en la ciudad. En este caso, las manifestaciones públicas tienen en la mira por igual a los titulares del Ejecutivo municipal, estatal y federal, acusándoles no sólo de ser cómplices del ecocidio, sino promotores del mismo. (Nexos)