Los enemigos mexicanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pactaron con la fundación de ultraderecha guatemalteca Liga Pro Patria un matrimonio por conveniencia. Su objetivo es difamar a Claudia Paz y Paz y golpear a los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el juicio seguido a Ríos Montt en 2013, el ex dictador fue encontrado culpable. Recibió una condena de 80 años de cárcel. Diez días después, en una controvertida decisión, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la sentencia por defectos de forma en el proceso y ordenó un nuevo juicio. Apenas el pasado 11 de enero la misma Corte pospuso de nuevo el juicio hasta que se resuelvan cuatro amparos presentados.
A pesar de que se dio marcha atrás en el fallo, el juicio contra Ríos Montt no tiene precedente. Constituye la primera ocasión en que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en una corte nacional y no en una internacional.
Claudia Paz y Paz desempeñó un papel central en esa causa: era la fiscal general en el momento del juicio. Nacida en 1966, especializada en derecho penal y derechos humanos, la abogada proviene no de los círculos conservadores que tradicionalmente han nutrido el sistema judicial en Guatemala, sino del mundo de los derechos humanos.
Siendo fiscal, la Liga Pro Patria (la misma que vino a México a atacarla a ella y al GIEI en México) y la Fundación contra el Terrorismo presentaron querellas en su contra. Las demandas fueron desestimadas por la Corte Suprema por espurias.
La participación de Claudia Paz y Paz en la GIEI no puede estar en entredicho. Su capacidad profesional y congruencia ética no están en cuestión. En 2012, la revista Forbes la nombró como una de las cinco mujeres más poderosas cambiando el mundo. Un año después obtuvo el premio de derechos humanos Judith Lee Stronach Human y fue nominada como candidata al Premio Nobel de la Paz. (La jornada)