Para empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamada verdad histórica
sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato.
Para lo que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Hoy sin duda podemos afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria, que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que se ha puesto en marcha esta dolosa campaña.
El intento de desprestigiar al GIEI es alarmante y debe denunciarse, aunque también es a todas luces infructuoso, pues el reconocimiento de que gozan ambas fiscales en sus países y en el extranjero es irreversible. Como ha recordado en estas mismas páginas Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 12/1/16), la abogada Buitrago es conocida en Colombia como laFiscal de Hierro, por la firmeza con la que condujo exhaustivas investigaciones que evidenciaron los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Colombia. Por este compromiso indeclinable con el estado de derecho, fue a la postre interrumpida su carrera.
Hoy más que nunca el GIEI y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que sectores oficiales estén detrás de la campaña que se ha desatado. Frente a este escenario, es indispensable confluir en la defensa del GIEI, como garantía internacional del derecho a la verdad de toda la sociedad. (La Jornada)