La petición pública que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos le hizo para que se pronuncie por la liberación de Nestora Salgado García, le ofrece al gobernador Héctor Astudillo Flores la oportunidad de arrancar su gobierno con un acto de distensión cuyos efectos se extenderían a todo el movimiento social del estado.La intervención de Astudillo Flores sería decisiva para que la Fiscalía del estado se desista de los cargos de secuestro que injustificadamente se le atribuyen, y para frenar otras tres órdenes de aprehensión por cargos similares que la dependencia tiene listas contra ella.
El juez Arroyo Alcántara estableció que, para todo efecto práctico y legal, la Policía Comunitaria de Olinalá pertenece al sistema de seguridad pública de Guerrero y las acciones de Nestora Salgado fueron “actos de autoridad”, no actos delictuosos.
Pese a la claridad y contundencia del criterio del juez federal que exoneró a Nestora Salgado y exhibió el montaje del gobierno, la Fiscalía del estado –primero a cargo de Iñaky Blanco Cabrera y luego de Miguel Ángel Godínez Muñoz– ha seguido adelante en sus acusaciones con la complacencia del Tribunal Superior de Justicia.
Al cabo de dos años y medio de encarcelamiento, el caso de Nestora Salgado ha ido y regresado de la infamia política a la aberración jurídica. Su caso sintetiza el uso prepotente del poder. Prepotencia a la que, con sensibilidad, el gobernador Héctor Astudillo puede poner fin y, de paso, diferenciarse así de sus antecesores. (El Sur)