Cada uno de los expertos narró o presentó un análisis de alguna parte de la investigación conducida por el grupo. Sería difícil exagerar la forma en que el informe demolió la narración oficial que el gobierno mexicano rindió del crimen: un cuento al que en México ya se le conoce burlonamente como la “verdad histórica”, a partir de que el anterior Procurador General, Jesús Murillo Karam, acuñara la frase enfáticamente durante una conferencia de prensa a fines de enero. Ahí, Murillo Karam anunció que, según las conclusiones a las que habían llegado los investigadores de la PGR, los 43 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal de Iguala a sicarios de la banda de los Guerreros Unidos que se dedican al tráfico de drogas, y los habían incinerado en el basurero del pueblo cercano de Cocula. La conclusión, aseguró el Procurador General, estaba apoyada por expertos científicos y por las confesiones de los traficantes.
Fue en esa reunión que escuché al escritor y periodista Juan Villoro decir que el informe era “histórico… sin precedentes en la historia de México.” En los días posteriores, conforme la gente fue leyendo el informe de quinientas páginas y su importancia comenzó a cobrar magnitud, oí a otros periodistas describirlo con las mismas palabras. El informe resultaba histórico no solo porque era la primera vez que el gobierno mexicano aceptaba una intrusión semejante sobre su autoridad por parte de peritos extranjeros, y me parece también que era la primera vez que los mexicanos habían visto una investigación criminal verdadera, conducida por profesionales de la justicia, autónomos e independientes, en lugar de por aquellos que favorecen o posiblemente están en complicidad con el gobierno. Pero durante una reunión también escuché a un periodista –y después a otros–decir lo mismo: que la parte débil del informe era justamente el reporte forense sobre el basurero de Cocula. Era allí donde, a corto plazo, el GIEI recibiría ataques, porque podría presentarse sólo como un asunto de la opinión de un científico contra la de la PGR.
¿Acaso podría ser que el misterio –que está lejos de resolverse– de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa ocurrió solo para evitar que los estudiantes salieran de Iguala en un autobús que ellos no tenían forma de saber qué contenía, ni que estaba especialmente equipado para transportar heroína de manera clandestina?
El equipo de la Corte Interamericana de Derechos humanos que consta de cinco peritos expertos –Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia– proseguirán sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa por lo menos durante otros históricos seis meses más. (Letras Libres)