*Comuneros recuerdan que los primeros compromisos no han sido cumplidos.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2015. Con la promesa de que a partir del 22 de octubre se instalarán las mesas de trabajo para resolver la problemática de tierras y violencia que los aqueja, comuneros nahuas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, se reunieron con representantes del gobierno federal el pasado 15 de octubre. Los comuneros alertaron de que la falta de cumplimiento de los acuerdos ya tomados «contribuye a la grave situación de riesgo de que regrese la violencia por parte de la delincuencia organizada o de las fuerzas policiacas y militares».
«Desde el día 19 de julio, en que fue detenido el comandante Cemeí Verdía y que fuimos atacados por el ejército mexicano, asesinando al niño Hidelberto Reyes e hiriendo a 18 personas mas, continúa habiendo impunidad y encubrimiento a los asesinos», denunciaron.
El domingo 19 de julio, fuerzas federales incursionaron en la comunidad de Ostula, dejando como saldo un menor asesinado, al menos tres personas heridas y el coordinador de las autodefensas y policía comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda, detenido.
En la reunión, a la que asistieron la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, las autoridades civiles y agrarias, los encargados del órden de las 23 encargaturas y los comandantes de la policía comunitaria de Ostula y de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcoman, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Especial para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Policía Federal, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la delegación de Gobernación de Michoacán, el Gobierno del Estado de Michoacán y la presidencia municipal de Aquila, los nahuas reiteraron que sus demandas siguen siendo las mismas que los representantes gubernamentales se comprometieron a cumplir desde el 23 de julio de 2015.
«A pesar de los acuerdos firmados en la minuta del 23 de julio de 2015, en la que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a que no habrían agresiones a los comuneros y comandantes de las policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán motivadas por ejercicio de la seguridad comunitaria, éstas se han incrementado tanto por la existencia de órdenes de aprehensión en contra de los comandantes de la región, como por la constante amenaza de grupos de la delincuencia organizada que se han ido fortaleciendo en el extremo sur del municipio y la amenaza constante de que las fuerzas federales y estatales realicen operativos para desarmar y detener a los policías comunitarios, que son quienes han mantenido la paz en la región», explicaron los comuneros.
Las demandas no cumplidas por las autoridades son: la liberación del comandante Cemeí Verdía Zepedea; garantías para las policías comunitarias de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana y Coalcomán; castigo a los culpables de los hechos del 19 de julio, de los 34 asesinados y presentación con vida de los 5 desaparecidos; detención de Federico González alias “Lico” y Mario Álvarez Alias “El chacal”, líderes templarios en la región y que gozan de absoluta impunidad; reparación del daño a las víctimas y familiares de las víctimas conforme estándares internacionales; solución al conflicto agrario en la encargatura de San Diego Xayakalan y garantías para el aprovechamiento de la madera segurada por la comunidad y talada por la delincuencia organizada, así como el castigo a los responsables del ecocidio, violencia y despojo que significó ese crimen para la comunidad.
Los comuneros nahuas lamentaron la amenaza permanente del gobierno estatal y federal y la delincuencia organizada de atacar, desarmar y desarticular a la policía comunitaria de Ostula y de despojar a la comunidad de su territorio. Denunciaron que existe un encubrimiento de los asesinos del niño Hidelberto Reyes y de los responsables de asesinatos y desapariciones en Ostula.
La lucha por la reconstitución del territorio de Ostula comenzó en 1964, cuando le fueron reconocidas sus tierras ancestrales por medio de una resolución presidencial, pero por fallas técnicas en los planos, los pequeños propietarios de La Placita comenzaron a invadir porciones del lugar, tanto para cultivos de papaya, mango y tamarindo, como para fraccionar y vender lotes. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.
El 29 de junio de 2009, después de un litigio judicial que aún no se resuelve y de mediaciones de la autoridad que siempre beneficiaron a los invasores mestizos, la comunidad decidió retomar la totalidad de su territorio, que alcanza las 28 mil hectáreas. Reocuparon el paraje La Canguancera (invadido por seis pequeños propietarios de La Placita) y fundaron el poblado de Xayakalan. En esa misma fecha quedó constituida su Policía Comunitaria, con el objetivo de defender el territorio. Apenas un par de semanas antes, el Congreso Nacional Indígena emitió el Manifiesto de Ostula, enarbolando el derecho a la autodefensa de las comunidades para la protección de su territorio.
En estas tierras indígenas se cruzan intereses mineros (sobre todo de minas de hierro, de gran pureza en esta zona); de trasiego de todo tipo de mercancías, por su posición estratégica; de extracción de recursos naturales y de explotación de playas y paisajes. Desde años atrás, se convirtió en un punto de mayor importancia para el crimen organizado.
La respuesta a la organización de los comuneros fue contundente: comenzó una ola de asesinatos y desapariciones que alcanzó la cúspide en 2011, año en que Ostula se negó a participar en las elecciones oficiales y fueron ejecutados Trinidad de la Cruz, jefe de la guardia comunitaria, Crisóforo Sánchez Reyes y Teódulo Santos, uno de los principales promotores de la recuperación de tierras.