¿Por qué la verdad engendra odio?, pregunta San Agustín. Y la misma pregunta habría que hacerla a los miembros del Estado mexicano que se han dedicado a deslegitimar el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Superficial», alega la Cancillería. «Creo que a la Comisión le han platicado una realidad, pero no ha visto la verdad», lanza Manlio Fabio Beltrones. «No refleja la situación del país», declara Roberto Campa. Y todo porque la CIDH alertó sobre una situación que ha vivido y padecido cualquiera que ha perdido un hijo, visto morir a un padre, sido víctima de una desaparición forzada, sido colega de un periodista asesinado, caminado por las calles de Iguala o Tampico o Apatzingán. Cualquiera que ha revisado las cifras sobre homicidios, secuestros, desapariciones o tortura en México.
Documento tras documento retrata a un país que las autoridades se niegan a mirar, enfrentar, reconocer. He allí la verdad que preferirían no oír. Ni de la CIDH, ni de la OEA, ni de la ONU, ni del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa. La verdad sobre la grave crisis de derechos humanos que vive México y que si no es encarada, persistirá. La inseguridad y la violencia. Las graves violaciones, en especial la desaparición forzada. Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Los niveles críticos de impunidad y la atención insuficiente a las víctimas. Lo que día con día enfrentan los pobres, los migrantes, los desplazados internos, las mujeres indígenas, las minorías sexuales. Tantos a quienes se les hostiga, se les dispara, se les desaparece, se les silencia para que paren los reclamos de justicia y verdad. Para acallar las voces que México más necesita.
Y esto no es nuevo. Viene de antes. Viene de atrás. Viene desde el 2 de octubre cuando se instaló la impunidad, cómoda y apoltronada en el sistema político. Por eso la CIDH se refiere a una «situación estructural» ya que continúan los asesinatos sin números confiables, sin identificaciones individuales, sin un total de personas ejecutadas o desaparecidas, entonces o ahora. La verdad es alarmante y ojalá nos alarmemos. Allí están las cifras y los testimonios sobre secuestros a manos de la delincuencia organizada. O las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado. El pasado presente. La impunidad de ayer viva hoy. Producto de gobiernos cómplices o ineptos o incapaces de llevar a cabo investigaciones confiables. Como la PGR y su «cadena de custodia» en Ayotzinapa. Como la PGR y su siembra de armas a adversarios políticos. Como la PGR y su resistencia a instrumentar las medidas cautelares que le son exigidas para proteger a periodistas o a testigos. (Reforma)