Retroceso en derechos humanos entonces por el gobierno mexicano, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en relación con las medidas adoptadas y la situación actual, y las observaciones del grupo de trabajo sobre el nivel de implementación de las recomendaciones.
El informe precisa que el Grupo de Trabajo coincide con la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada que en febrero de 2015 sostuvo que «la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas».
Otra de las observaciones es que «el Grupo de Trabajo lamenta que el Estado no haya proveído información sobre la implementación de su recomendación en materia de investigaciones forenses. El Grupo dé Trabajo invita al Estado mexicano a adoptar la recomendación del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de crear una institución nacional de servicios forenses».
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que por cierto también tiene una observación crítica por parte del Grupo de Trabajo porque «no incluye la categoría específica que permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada, [y] no incorpora todos los elementos que el Grupo de Trabajo recomendó como parte de la información estadística») reporta que a la fecha hay casi 26 mil personas en esa condición; sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil señalan que dicha base de datos podría ocultar miles de desapariciones. (Revista Proceso)