El amplio informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, que presentó el pasado domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), constituye un espejo de los patrones de la procuración de justicia en nuestro país, en especial en los casos en que hay factores extrajudiciales de interés o simplemente factores reales de poder. Todo ello presente en Ayotzinapa. La colusión de la policía municipal de Iguala con grupos de delincuencia organizada ha sido evidente, así como la pretensión de dejar el conflicto en el ámbito municipal y aplicar una suerte de balcanización, que parece decir fue el municipio no fue el Estado
. En contraste con ese reduccionismo cómplice, el informe destaca que todo el trayecto de los normalistas, desde su salida de Chilpancingo hasta las agresiones y su llegada a los hospitales, fue vigilado y monitoreado en tiempo real por la Policía Federal, el 27 batallón de infantería del Ejército, así como por las policías estatal, municipal y ministerial. El eje de sus conclusiones es la estrepitosa caída de la mentira de Murillo, calificada de verdad histórica
por el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR). El rigor y profesionalismo ético del GIEI sustenta con peritajes y testimonios recabados la imposibilidad de que los 43 estudiantes desaparecidos hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula: no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de incluso un solo cuerpo
, concluyó José Torero, reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente.
Por otra parte, los testimonios de los presuntos responsables –con los que la PGR sustentó su versión– no coinciden en cuanto a los asesinatos, el lugar en que se cometieron los crímenes, la forma en que se bajó de las camionetas a las víctimas ni cómo se les incineró. Con base en ello y muchas otras evidencias, el GIEI calificó la versión de Murillo de científicamente imposible
. Respecto de las muestras óseas supuestamente recabadas en el basurero, que envió la PGR a la Universidad de Innsbruck, Austria, cobra interés la precisión que hicieron en su momento los peritos argentinos, de que no les constaba que las mismas fueron levantadas en el basurero de Cocula. (La Jornada)