* Informe presentado ayer quita las bases a la hipótesis oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 07 de septiembre de 2015. La imposibilidad científica de que 43 personas hayan sido incineradas en el basurero de Cocula, la pérdida y ocultación de evidencia que apunta hacia nuevas líneas de investigación y la certeza de que el grado de incineración de los restos humanos entregados a la Universidad de Innsbruck sólo puede ser logrado en un crematorio son algunos de los elementos contenidos en el informe de seis meses de trabajo del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) que derruman la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa ofrecida ayer, el grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – a petición de los representantes de los familiares de los estudiantes y el Estado- sostuvo que es necesario reestructurar completamente la investigación de la desaparición forzada de los normalistas; explicó que su trabajo se ha basado en documentos oficiales, entrevistas propias y trabajo pericial independiente, y aclaró que a casi un año de los hechos, no hay conclusiones sobre el paradero de los estudiantes, por lo que se les debe seguir buscando.
El grupo de expertos explicó el contexto de la desaparición de los estudiantes, resaltando que las actividades de boteo y toma de camiones, habituales en los normalistas de México para completar sus recursos y poder realizar actividades académicas y políticas, se había desarrollado sin incidentes de violencia, excepto por los años 2011 y 2012. Dibujaron el escenario que llevo a los jóvenes a tomar los autobuses en Iguala y, en este punto, precisaron que fueron cinco, y no cuatro, los camiones sacados de la terminal de buses de la ciudad.
La existencia del quinto autobús fue primero negada por declaraciones; ante la evidencia de video de su existencia, las autoridades federales presentaron un camión para el examen de los expertos, quienes encontraron que no se trataba de la misma unidad que aparecía en el video del día de la toma. Hasta el momento, dicho autobús no ha sido encontrado y el GIEI sospecha que pudo haber sido un vehículo modificado para el transporte de droga tomado de manera casual por los jóvenes, lo que habría desencadenado la agresión masiva, indiscriminada y con autores que, protegidos por una total impunidad, atacaron a cara descubierta.
Los expertos también aclararon que durante los ataques de la noche del 26 y 27 de septiembre hubo presencia de diferentes agentes del Estado (policía municipal, ministerial y Federal, así como elementos de inteligencia militar y del 27 Batallón de Infantería) «y no encontramos que hubiera acciones de protección. Lo que estaba pasando eran agresiones que superaban cualquier neutralización de personas. Tenían que ver con disparos de armas de fuego, ataques a la vida, atentados contra la vida, etcétera”, explicó Beristain.
El informe confirma que los jóvenes llegaron a Iguala después del evento de la esposa del entonces alcalde, José Luis Abarca; resalta las contradicciones en los testimonios de los presuntos responsables y señala que existen escenas del crimen que no fueron resguardadas ni procesadas, además de indicios de la existencia de probables responsables que no han sido investigadas.
Entre las recomendaciones hechas al Estado, los expertos destacaron la relevanca de la unificación de la investigación; considerar otra violaciones y delitos cometidos esa noche; realizar gestiones y diligencias pendeintes; agotar todas declaraciones testimoniales solicitadas por el grupo y peritajes fundamentales que faltan, como telefonía y confrontación de balística de cuerpos de seguridad, cruces de ADN, análisis de la sábana de llamadas de víctimas e indiciados, investigar el móvil de traslados de estupefacientes; identificar de manera precisa el autobús perdido; investigar tortura contra supuestos perpetradores, una segunda autopsia para Julio César Mondragón; determinar responsabilidades de otros cuerpo de seguridad presentes, realizar nuevas capturas -en particular la de Felipe Flores-, investigar el patrimonio de presuntos resposnables y la posible «construcción» y desviación de la investigación.
Además, pidieron mantener el proceso de búsqueda con participación de familiares: examinar otros lugares compatibles con restos cremados; tomar en cuenta todos los posibles destinos de los jóvenes, así como la operación de hornos de cremación públicos y privados; actualizar el mapa de fosas clandestinas; incorporar fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda y consolidar mecanismos de información con las víctimas.
Resaltan también las solicitudes de medidas de protección y prevención; la implementación y mejora de un registro único y nacional de personas desaparecidas; establecimiento de un proceso de búsqueda oficioso que se haga sobre todo en las primeras 72 horas, con la participación de las familias; fortalecer la base de datos genética de PGR; crear una comisión de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones, resguardo adecuado de restos y un sistema automatizado federal de identificación dactilar único.
Los expertos también consideraron urgente establecer necesidades de familiares y víctimas para el acceso a la verdad, investigar todos casos de desaparición en general y en particula forzada, implementar el protocolo de Minessota para guiar invetigaciones, rechazar toda prueba obtenida bajo tortura, garantizar el derecho de las víctimas a la coadyuvancia individual y colectiva, y tomar medidas para la reparación del daño y la no repetición -sobre todo capacitar de forma específica y regular a todos los agentes del Estado que atienden estos casos y profesionalizar a la policía a todos los niveles.
También llamaron a aprobar urgentemente y con consulta previa a familiares la legislación integral en desaparición, en particular la forzada.