Ciudad de México, 06 de septiembre de 2015. El refrendo de la presencia del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta que se esclarezca el paradero de los 43 normalistas, así como una reunión con el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para que se comprometa a cumplir a cabalidad las recomendaciones del grupo, son las dos peticiones principales que lanzaron padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos después de conocer el informe de los expertos.
Familiares y organizaciones acompañantes consideraron que la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al informe del GIEI es insuficiente y no garantiza el respeto irrestricto a las recomendaciones y elementos ofrecidos por los especialistas. Insistieron en que la investigación debe reestructurarse en su totalidad.
El refrendo indefinido del mandato de los expertos se haría con base en la cláusula 10 del acuerdo de asistencia técnica. Los familiares señalaron que, ante las revelaciones del GIEI, solamente de esta forma tendrán garantías de que el Estado no vuelva a fabricar o desviar la investigación sobre el paradero de sus hijos.
“Hay decisiones de Estado que se deben tomar para asegurar que la investigación sea independiente, imparcial y autónoma”, resaltó Mario Patrón, director del Centro Prodh.
El informe de los expertos al cumplirse los primeros seis meses del mandato del grupo señaló inconsistencias en la investigación y consideró que la verdad histórica de la Procuraduría General de la República es científicamente imposible. Los padres reiteraron que ellos nunca creyeron la teoría de la PGR porque no se les ofrecieron elementos científicos que la sustentaran, por lo que el informe del GIEI les da la razón.
Los familiares cuestionaron que se esté por cumplir un año de la desaparición forzada y que aún no se sepa el paradero de los jóvenes, por lo que insistieron en que –de acuerdo con las recomendaciones del GIEI- se deben generar estrategias de búsqueda inmediatas y serias. “Los expertos ofrecieron elementos de por dónde puede ir esa búsqueda”, señaló Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.
Tanto padres y madres de los desaparecidos como las organizaciones acompañantes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh, resaltaron que todos los funcionarios que obstaculizaron el acceso a la justicia deberán ser investigados. También precisaron que la investigación debe abarcar todo el contexto de macrodelincuencia, pues no es creíble que la colusión del crimen organizado con las autoridades se limite al ámbito municipal.
Los familiares de los heridos Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas informaron que se encuentran en estado delicado y demandaron atención especializada y pronta. “Les destrozaron la vida”, lamentó Ulises, hermano de Aldo. En el caso de los ejecutados y heridos, la impunidad es total, describieron.
Madres y padres de los estudiantes refrendaron que seguirán en la búsqueda de sus hijos, pues son los más valioso que tienen, y pidieron a la sociedad que los acompañe en las calles el 26 de septiembre, cuando se cumple un año de los hechos que dejaron seis personas ejecutadas, 21 heridas y 43 víctimas de desaparición forzada.
* Descarga aquí el informe del GIEI