* Presentan documento con grandes temas que no deben quedar fuera.
Ciudad de México, 04 de septiembre de 2015. México es un país donde la tortura es generalizada pero reina la impunidad para los perpetradores; por ello, es necesario diseñar una Ley General contra la tortura que incorpore temas clave, sostuvieron hoy organizaciones civiles. También anunciaron que pedirán formalmente al Congreso de la Unión que se generen mecanismos de participación social para la redacción de la ley.
El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 que faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dicha ley general deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma, y la sociedad civil no ha sido informada sobre los avances en la elaboración de la misma.
Las más de 20 organizaciones presentaron un documento con los «grandes temas» que no pueden quedar fuera de la legislación, que deberá expedirse dentro de los siguientes seis meses. Exigieron a las autoridades que la legislación ponga en el centro a las víctimas y contemple los estándares mínimos en materia de prevención, investigación y sanción por tortura.
Claudia Medina, sobreviviente de tortura a manos de la Marina, señaló que para las víctimas, la justicia no llega. Las organizaciones resaltaron la altísima impunidad que rodea a este delito. Señalaron que hay miles de denuncias por tortura, pero que paradójicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido menos recomendaciones y solamente se conocen, a nivel estatal, 8 condenas emitidas en 10 años, y 2 firmes a nivel federal.
En conferencia de prensa, las organizaciones acusaron que la tortura se usa en sustitución de una investigación científica real, pues «es más fácil coaccionar una declaración que realizar un procedimiento correcto».
Las organizaciones consideraron central que la nueva ley contemple la exclusión total de pruebas obtenidas bajo tortura, que se asegue investigación de calidad y que las víctimas tengan derecho a peritajes independientes. Las organizaciones resaltaron la ffalta de capacitación e independencia del personal encargado de hacer las averiguaciones sobre tortura y malos tratos, quienes incluso hacen los exámenes para incriminar a la víctima. De acuerdo con datos de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 2016 evaluaciones físicas y psicológicas, pero en sólo seis casos se reconoció que existían secuelas de tortura.
Otros de los puntos que se dieron a conocer y que serán enviados a la Cámara de Diputados son: que la Ley tenga una perspectiva de víctimas, responsabilidad del superior jerárquico, limitar jurisdicción militar, que se rompan con los obstáculos en las denuncias y que la Ley no se quede en papel, sino que exista una instrumentación.
Las organizaciones explicaron que el documento es de contenidos mínimos, pero que están abiertas a colaborar en la elaboración puntual de la Ley.