Se siguen acumulando los señalamientos de graves violaciones de los derechos humanos a cargo de la Policía Federal (PF). Quizá el más grave de todos, dada la posible suma de victimas, se refiere a los hechos acaecidos en Tanhuato, Michoacán, el pasado 22 de mayo. En notas publicadas el 5 de agosto de 2015 el 18 del mismo mes, el periodista Carlos Loret de Mola revela investigaciones realizadas por las procuradurías de Michoacán y General de la República que habrían documentado sendas ejecuciones extrajudiciales a manos de esa institución en el lugar y fecha referidos.
La literatura especializada extranjera enseña que “la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario”. En Tanhuato la relación fue 42 a 1.
El descontrol en el uso de la fuerza policial es propio de instituciones policiales y regímenes políticos igualmente premodernos. No faltan los instrumentos para hacerlo bien. En realidad los referentes conceptuales, legales, protocolarios y de supervisión abundan. El esfuerzo para colocar a la policía en el uso correcto de la fuerza nunca para. Por ejemplo, en Estados Unidos las entidades de control externo y la policía misma impulsan el uso expansivo de cámaras en los uniformes policiales, las cuales deben ser activadas cada vez que se usa la fuerza.
Los señalamientos de Carlos Loret de Mola son escandalosos y se suman a muchos otros. Por lo demás, no hay expectativa razonable alguna de que sepamos la verdad y se haga justicia. Sin verificación pública posible respecto a la calidad de los controles internos de la PF y congelada la iniciativa que propone un nuevo control externo especializado, todo indica que el uso de la fuerza por parte de esa institución está fuera de control. (Animal Político)