La publicación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal un mes después de su aprobación, en un contexto adverso para la libertad de expresión en el país, genera muchas dudas sobre el funcionamiento de este mecanismo de protección. Es imposible no preguntarse si esta vez se respetarán los tiempos de los transitorios para implementar la ley, también si no se trata de oportunismo político que derive en represión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en esta ciudad.
Las respuestas a estas reflexiones no tardarán en verse, el Jefe de Gobierno tiene 20 días para nombrar a la persona titular del mecanismo de protección y pronto empezarán las fechas conmemorativas de múltiples marchas en la Ciudad de México. Es en esto en lo que se debe poner atención para saber si la promulgación de una ley tiene un verdadero impacto en quienes transitamos y vivimos en el Distrito Federal.
Por otro lado, es necesario señalar que las leyes de protección a periodistas y personas defensoras generan una falsa expectativa, dado que se piensa que incidirán en la investigación de delitos cometidos en contra de periodistas y de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos; sin embargo, estas acciones son responsabilidad de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, quienes a la fecha no han dado resultados para frenar los ataques constantes que sufren quienes ejercen estos derechos. Es responsabilidad de estas autoridades investigar los hechos ocurridos en la colonia Narvarte. Los mecanismos de protección se abocan, como su nombre lo indica, a dar medidas que protejan la integridad física de quienes ejercen los derechos. (Animal Político)