No sabemos entonces qué sabe el Estado mexicano sobre eso que califica como su principal enemigo. Lo que podemos decir es que debería saber a profundidad y así demostrarlo. Y la reserva legal de información asociada a la seguridad y la justicia penal, desde esta perspectiva, en nada ayuda. Por el contrario, más bien puede ser usada como estrategia de distracción para evitar exhibir que las burocracias de la seguridad y la justicia en los hechos no saben con precisión de qué está hecho el fenómeno referido. Y no me refiero desde luego sólo a un plano de demostración de conductas sancionadas por la ley penal, de suyo complejísimo, sino a un espectro mucho más amplio de indagación que devele también las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales del crimen organizado en México. Estamos hablando de un diagnóstico amplio e integral, a su vez soporte de una política amplia e integral.
¿Dónde está, por ejemplo, la interpretación oficial sólida respecto a la expresión masiva de reconocimiento a Guzmán Loera? ¿Dónde están los reportes oficiales que descifran la deconstrucción histórica de los mecanismos informales de contención a la violencia, al parecer asociados a la construcción de la base social de apoyo a las empresas criminales? ¿Dónde están las radiografías de la influencia política, financiera y económica del crimen organizado? ¿Dónde los diagnósticos multifactoriales y regionales? Y regresando al punto central de este texto, ¿dónde están los esfuerzos oficiales para descifrar esa violencia que, según algunos, es la peor en el mundo criminal?
En los noventa propusimos primero crear el Centro Nacional de Investigación en Seguridad Pública en el ámbito federal y luego el Centro de Estudios para la Prevención del Delito en el Distrito Federal. Ni uno ni otro. De habarse puesto en marcha, hace dos décadas habrían comenzado algunos de los esfuerzos de vinculación con la academia que ahora apenas se asoman en el programa Nacional de Prevención del delito. La inversión en la investigación se habría anticipado a la crisis de violencia. La aversión del poder público en México a la complejidad es de proporciones inabarcables y así la estamos pagando. Sea cual sea el trasfondo de la superficialidad y maniqueísmo en el discurso publico sobre el crimen organizado, la noticia no podría ser peor: tal vez México tiene el crimen organizado más violento del mundo. (Animal Político)