* Riesgo latente, la discusión en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior.
Ciudad de México, 11 de agosto de 2015. Lo dijo este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y lo hemos expuesto diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia: para salvaguardar los derechos humanos de la población, el Ejército y la Marina deben ser retirados de las tareas de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden a corporaciones civiles.
El pronunciamiento de la CIDH fue motivado por las más recientes alegaciones respecto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las privaciones arbitrarias de la vida en los casos de Tlatlaya, Estado de México; Calera, Zacatecas (donde además se perpetró una desaparición forzada previa), y Ostula, Michoacán. Lamentablemente, estos tres casos son tan sólo ejemplos del fracaso de la política de combate a las drogas que optó por la militarización de la seguridad pública en vez del fortalecimiento de un modelo de seguridad ciudadana.
Además de estos hechos denunciados por la sociedad civil, recientes estudios de expertos muestran cómo las ejecuciones cometidas por las fuerzas de seguridad aumentaron en México de forma alarmante, lo que mostraría que la fuerza letal se usa más de lo necesario. Mientras que en 2008 por cada soldado fallecido en un intercambio armado caían 5.1 civiles, en 2011 por cada militar morían 32.4 civiles. La cifra se estableció en 20 civiles por cada castrense en 2013, sin que los analistas hayan podido determinarla para 2014 y 2015 debido a una creciente opacidad de las instituciones.
La explicación de esta letalidad militar en el combate a la delincuencia se puede encontrar en el mismo pronunciamiento del organismo interamericano, que advierte que “las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país”. Por ello, llama la Comisión, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. “La historia de la región demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos”, insiste el organismo.
Ya no existe forma de defender que el Ejército siga en tareas anticrimen, como lo ha hecho desde hace más de veinte años. Sus pobres resultados y el aumento de su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos obligan ya a que se realice un plan programático de salida de esas labores, que necesariamente requiere de una reforma verdaderamente democrática de las policías e instituciones civiles, una reforma al fuero militar y una ley de uso de la fuerza pública.
El pronunciamiento de la CIDH, que enfatiza que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos, va en el sentido contrario a la tendencia que parece alinear a una parte de la clase política del país: en vez de enfrentar las denuncias revisando el modelo de seguridad, se busca legalizar la presencia del Ejército y la Marina en las calles bajo una pretendida ley de “seguridad interior” –una añeja demanda de la cúpula militar. La discusión de esa ley en el próximo período de sesiones del Congreso de la Unión es hoy un riesgo latente.
Lo que urge hoy no es legalizar la inconstitucional presencia de militares y marinos en las calles, sino que las instituciones civiles tomen de una vez la responsabilidad que les corresponde: velar por la seguridad pública poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos y las necesidades de los ciudadanos.
* Artículo publicado originalmente en Animal Político