* Los responsables, agentes de gobierno del estado que han participado en represiones y privaciones ilegales de la libertad durante los últimos años.
Ciudad de México, 12 de agosto de 2015. Organizaciones de derechos humanos alertaron del aumento en seguimientos y vigilancia a domicilios personales y de organizaciones de activistas y defensores de derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fuerza Civil, policías ministeriales, policías vestidos de civil y reconocidos agentes de gobierno del estado de Veracruz que han participado en represiones y privaciones ilegales de la libertad durante los últimos años a manifestantes y activistas.
Los hechos se hicieron más notorios a partir de los días 5, 6 y 7 de agosto, de acuerdo con una acción urgente emitida por el Centro Prodh. Particularmente, enfatizó, se ha incrementado la vigilancia en el domicilio y oficina de miembros de la organización de derechos humanos y territoriales DESIDE; y el de los jóvenes del Comité 5 de Junio, atacados por fuerzas parapoliciales el mes pasado, qienes fueron acosados de forma «frontal y directa» tras acudir a un evento en memoria de Rubén Espinosa y Nadia Vera, fotoperiodista y activista asesinados el día 31 de julio.
En el caso de los miembros de la organización DESIDE, la vigilancia se alargó hasta por dos días (6 y 7 de agosto), por parte de distintas fuerzas públicas de la SSP, con «gente golpeando sus puertas en las noches y vigilancia de hombres sospechosos permanentemente afuera de sus domicilios durante la madrugada y el día siguiente. Además, en caso de intentar salir del domicilio, les seguían visiblemente. Las amenazas verbales de reconocidos operadores políticos del estado de Veracruz que se mantuvieron dos mañanas fuera de los domicilios, provocaron que las y los jóvenes abandonaran sus domicilios», alertó la organización.
Las organizaciones acusaron también un incremento de vigilancia fuera del domicilio de estudiantes amigos de Nadia y Rubén, quienes a partir de su asesinato han impulsado movilizaciones y actos de manifestación en contra del gobierno del estado. «La denuncia sobre la implicación del gobierno estatal en el multihomicidio de la colonia Narvarte ha sido abanderada también por periodistas, cuya identidad no se abordará en este comunicado, quienes han recibido amenazas para cesar con ese señalamiento», explicó la Acción Urgente. Esta semana se hizo público que el gobernador Javier Duarte, a quien Rubén Espinosa y Nadia Vera señalaron como responsable del acoso al que fueron sometidos antes de su asesinato, presentó declaración por el caso deslindándose de cualquier responsabilidad.
«Alertamos contra la criminalización de la protesta y contra los jóvenes por parte del gobierno de Veracruz y nos sumamos a la exigencia de que se investigue el móvil político de los asesinatos, pues numerosas organizaciones de Veracruz, el gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil han elevado la responsabilidad del gobernador Javier Duarte Ochoa, como principal señalado por Rubén Espinosa y Nadia Vera en diversos medios, en relación con las amenazas contra su vida y con la persecución policiaca de la que fueron objeto y que les obligó a dejar esa entidad y autoexiliarse en la Ciudad de México», resaltó la Acción Urgente emitida por el Centro Prodh, a partir de información de LAVIDA y DESIDE.
El Centro Prodh lamentó que las denuncias previas de la sociedad civil por este tipo de hechos sean ignoradas, y elevó su «profunda preocupación por la situación de riesgo en que se encuentran activistas, defensores y periodistas en el estado de Veracruz». Exigió una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que hechos como los ocurridos no se repitan; que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de las víctimas y sus familias y cese el hostigamiento contra estudiantes y activistas, y que se tomen medidas efectivas e inmediatas para salvaguardar la integridad personal y vida de los activistas, defensores y periodistas que han denunciado la responsabilidad del gobernador y su gabinete en los hechos ocurridos en la colonia Narvarte, Distrito Federal.