* Llama el organismo interamericano a separar la seguridad interior de la defensa nacional.
Ciudad de México, 10 de agosto de 2015. La desaparición forzada y ejecución arbitraria de siete personas en Calera, Zacatecas, a manos de integrantes del Ejército; el operativo de fuerzas federales que resultó en el asesinato del niño Hidelberto en Ostula, Michoacán, así como la orden de “abatir delincuentes” y la ejecución de civiles rendidos en Tlatlaya motivaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistiera en que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, “debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos”.
La Comisión señaló que las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, “por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley”, e insistió en que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas.
En ocasiones recientes, actores de partidos políticos –incluyendo al presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa- han hecho pronunciamientos públicos en el sentido de hacer legal la actuación del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado. En contraste, la CIDH insistió en que la historia de la región demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.
En cuanto a los episodios señalados, la CIDH urgió al Estado mexicano a continuar con las investigaciones y a garantizar que éstas se realicen de manera seria, independiente, imparcial y efectiva, “en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.