En el contexto de un juicio de amparo que familiares y abogados presentaron en favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito ordenó que el secretario de la Defensa Nacional, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el comisionado nacional de seguridad, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), entre otras autoridades, se trasladaran de inmediato a los lugares de posible detención u ocultamiento y en especial realizaran su búsqueda en las principales instalaciones militares. Ordenó igualmente que tomaran declaración en relación con esos hechos a funcionarios de la PGR y de servidores públicos estatales o mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007; que informaran sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares, que pudieran coincidir con las características de los desaparecidos, para en su caso realizar diligencias de identificación forense, y que se establecieran comisiones especiales de búsqueda para dar con su suerte o paradero.
Luego de 422 días, dichos funcionarios no han cumplido hasta la fecha con ninguna de tales encomiendas. La PGR nunca ha querido investigar, dentro de la averiguación previa abierta en la Seido, la participación de las fuerzas armadas. El primero de junio el ministro Luis María Aguilar Morales propuso a la primera sala de la SCJN ejercer facultad de atracción respecto del incumplimiento de lo determinado por el tribunal colegiado.
Lo anterior quiere decir que en las próximas semanas los ministros que integran la primera sala decidirán si atraen en definitiva el incumplimiento de la resolución judicial y que, en caso de que así sea, posiblemente sea la propia SCJN la que ordene al Ejército que abra sus zonas e instalaciones militares para buscar a ambos guerrilleros y a la PGR que cite a declarar respecto de los hechos a los mandos militares. (La Jornada)