* Organizaciones exigen que se considere también como feminicidio y se aplique perspectiva de género.
Ciudad de México, 06 de agosto de 2015. La investigación por el asesinato de Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Olivia Alejandra Negrete, en el que también fue víctima el foto reportero Rubén Espinosa, ocurrido el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, debe agotar todas las líneas, conducirse bajo estándares de derechos humanosse y tratarse bajo los protocolos de feminicidio, exigieron diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, que instaron a las autoridades encargadas de la investigación a que den un manejo certero de la información.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, e IDHEAS Litigio Estratégico, señalaron que la información que se ha filtrado en diferentes medios ha sido contradictoria, lo que ha propiciado un mal manejo de las averiguaciones, así como discriminación y estigmatización de las víctimas por su nacionalidad, sexo, hábitos y ocupación.
Las y los defensores de derechos humanos exigieron la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que ajuste las investigaciones a los protocolos y estándares mínimos de derechos humanos, y que el avance de las averiguaciones se de a conocer de manera pública con la finalidad de dotar de transparencia y que la sociedad tenga información certera sobre la investigación. La filtración de información, insistieron, incumple con las obligaciones estatales de garantizar el acceso a la justicia.
Los firmantes realizaron un exhorto para que las autoridades encargadas de las indagaciones agoten todas las líneas de investigación posible, desde las amenazas a Rubén Espinosa por el ejercicio de su profesión así como el feminicidio; al mismo tiempo, demandaron transparencia en el avance de las líneas que implican el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión, así como la aplicación de los protocolos internos relativos a estos derechos.