Priísta, ambicioso y ejerciendo a hierro el oficio político en el nuevo esplendor del tricolor, Duarte de Ochoa tenía apenas 37 años cuando tomó posesión del cargo en el que –se ve desde fuera- se ha engolosinado hasta la saciedad. No le gusta la crítica. Periodistas de aquel estado y defensores de la libertad de expresión han documentado la estrategia para denostar a sus críticos o, en muchos y fatales casos, deshacerse de ellos.
Sin embargo Javier Duarte de Ochoa no ha sido tocado con hoja alguna de la Ley. No es sospechoso, no se le ha llamado a dar cuentas, él y su gobierno encabezan las investigaciones que terminan por asegurar que las muertes, en la mayoría de los casos, ocurrieron en circunstancias distintas al ejercicio del periodismo.
Hay casos que inevitablemente apuntan, al menos en la voz popular y en el análisis social, a la represión de la libertad de prensa. Habrá otros donde ciertamente las líneas de investigación anotan a otras circunstancias. Por ello la necesidad de acabar en este País y en este Gobierno con la impunidad que le aleja toda credibilidad y confianza a las instituciones.
Las amenazas y las intimidaciones que había recibido Espinoza no eran desconocidas para las organizaciones de defensa y protección de los periodistas, tampoco para organismos de Derechos Humanos o el propio Gobierno. Su caso, había sido público. Lo querían intimidar, le querían hacer daño. Finalmente lo mataron. A más de 72 horas del crimen –las cruciales para desentrañar la investigación- la autoridad del Distrito Federal no ha presentado pruebas o avances de la investigación que sugieran un caso apegado o no al ataque del periodista y a quienes acompañaba el mismo.
En la impunidad que se manifiesta tan cínicamente en Veracruz han sido asesinados 15 periodistas en distintas circunstancias. ¿Hasta cuándo, Señor Gobernador? ¿Qué espera para actuar, Señor Presidente? (Sin Embargo)