* Sistema interamericano de justicia denuncia campaña contra activistas del CEDHEM.
Ciudad de México, 31 de julio de 2015. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ratificó la necesidad de mantener medidas provisionales de protección para la defensora de derechos humanos Luz Estela Castro Rodríguez, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), de Chihuahua. Este dictamen del máximo tribunal continental contradice el análisis de riesgo generado por el Estado mexicano a través de su mecanismo de protección, que lo calificó como riesgo “medio”.
De acuerdo con el CEDEHM, este reconocimiento del riesgo al que estás sometidas se da dentro de una «contexto de una campaña de desprestigio en contra de las y los defensores en lo general, pero en particular en contra de esta organización y de la señora Lucha Castro, especialmente por parte de altos funcionarios del gobierno estatal». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “este riesgo, que ya era muy grave, se recrudeció más y se volvió extremo mediante la declaración de altas autoridades que tildaron a la señora Castro como ‘defensora de asesinos’. Agregó que «continúan los pronunciamientos de desprestigio y riesgo”.
Para las defensoras, «resulta especialmente grave la virulencia de los agentes del Estado si se toma en cuenta que precisamente un elemento fundamental de estas medidas ordenadas por la CoIDH desde febrero de 2013 es una campaña de difusión y reconocimiento de la labor de las y los defensores de derechos humanos, misma que no sólo no se ha llevado a cabo, sino que más bien se ha convertido por vía de los hechos en una campaña de desprestigio», denunciaron.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todas” hizo un llamado en particular a las autoridades del Estado de Chihuahua a reconocer la importancia del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y a abstenerse de realizar descalificaciones que les pongan en riesgo «y pretendan disimular su propia incapacidad para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía».