* Centro de derechos humanos denuncia violaciones a derechos colectivos; comuneros piden apoyo a la sociedad.
Ciudad de México, 28 de julio de 2015. En las comunidades nahuas de la costa-sierra de Michoacán, “el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, el crimen organizado y las empresas trasnacionales están coludidos en el despojo sistemático de sus recursos naturales; el hostigamiento a la población y la violación a sus derechos humanos y de pueblos indígenas, se han vuelto conductas hechas costumbre”, denunció la Red Solidaria de Derechos Humanos, acompañante de los procesos de defensa del territorio de la comunidad indígena de San Juan Huitzontla, Chinicuila, Michoacán.
Por su parte, la comunidad de Santa María Ostula emitió un comunicado en el que pidió a la sociedad civil “estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de las comunidades de la región”.
Hasta el momento, un niño asesinado, seis heridos, bienes robados y el comandante de la guardia comunitaria y de las autodefensas detenido es el saldo preliminar del operativo del Ejército en contra de la comunidad autónoma nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, realizado el 19 de julio.
Las y los defensores de derechos humanos consideraron que lo ocurrido en Ostula no es aislado y evidencia las violaciones, perpetradas por el Estado a los derechos de autonomía y libre determinación de las comunidades respecto de su organización comunitaria, protección de su población, defensa y libre administración de su territorio y de los recursos existentes al interior de éste.
La Red especificó que las acciones de las autoridades militares y policiales impidieron el funcionamiento de los órganos de gobierno de la comunidad de Ostula, así como de las policías comunitarias que han asumido la defensa de los territorios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán. Además, “la actuación u omisión del Estado a través de las detenciones, desapariciones y asesinatos de elementos de las policías comunitarias y de autodefensa, debilitan los trabajos de seguridad y vigilancia que éstos realizan, al impedir el funcionamiento de la estructura de seguridad comunitaria frente a los ataques constantes por parte del crimen organizado”.
Las exigencias al gobierno federal y al estatal por parte del centro de derechos humanos son: Hacer válidos los acuerdos en los que se autorizó la operación de las policías comunitarias, así como la detención inmediata de los líderes del crimen organizado denunciados públicamente; que se reconozca, actúe y coadyuve en la solución de estas situaciones que ponen en riesgo latente a la población de los distintos municipios; generar las condiciones legales necesarias para el respeto a la autonomía y libre determinación de las comunidades en cuanto a sus formas de organización, uso y manejo de bienes comunales; hacer valer los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como generar las condiciones para el diálogo entre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos para la atención y solución a las problemáticas y demandas que la población de esta región ha hecho en repetidas ocasiones.
La Red Solidaria señaló que, además, se une a las demandas de la comunidad, que son la libertad inmediata e incondicional y retiro de todos los cargos contra el comandante Semeí Verdía; la desmilitarización de la región sierra-costa de Michoacán y el castigo a quienes asesinaron e hirieron a comuneros; la devolución de los bienes comunitarios robados por las fuerzas de seguridad; la aprehensión de los jefes del cartel de Los Caballeros Templarios en la zona; garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán; la presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los asesinos de 34 líderes comunitarios más.