El pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el informe denominado Estado de la investigación del caso Iguala. Al respecto se ha destacado en los diversos medios el hecho significativo de que contiene elementos que a todas luces cuestionan, sin señalarlo explícitamente, la insostenible verdad histórica de Jesús Murillo Karam.
Sin restar relevancia al informe de la CNDH, contiene elementos que preocupan, como el alcance de la llamada “connivencia entre autoridades y delincuentes de ‘al menos’ autoridades municipales de Iguala y Cocula”. Favorece la tesis del peñanietismo de que no es el Estado el implicado. Por otra parte, introduce una sugerencia a la PGR cuya fuente, señala, es una petición de los padres de los estudiantes expresada en una reunión con ellos: investigar por qué motivo fueron a Iguala el 26 de septiembre, quién los llevó, por qué de primer grado, sin que aparezca cuál sería el sentido de la misma en el contexto de la investigación, si es que no se pretende abrir la puerta a la especie que criminaliza a los normalistas de Ayotzinapa insinuando propósitos distintos a sus prácticas tradicionales de recaudación de fondos.
Es deseable que el conjunto del informe, si bien no definitivo, tenga un sólido respaldo.
Llaman la atención las declaraciones inmediatas de la PGR de que atenderá las observaciones, cuando en los hechos no hay avances en líneas de investigación distintas a la de Cocula; así como la postura del Secretario de Gobernación al declarar queremos la verdad y que los responsables sean castigados, a la vez que avala la negativa a que el GIEI se entreviste con los militares del 27 batallón del Ejército en Iguala. El estado de derecho es inseparable del camino a la justicia en el caso Ayotzinapa. (La Jornada)