Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo y Ostula evidencian un claro patrón de ataque sistemático desde las instituciones del Estado en contra de la población civil. Cada día resulta más evidente que el gobierno federal priista se comporta como un grupo más del crimen organizado, sin el menor respeto para la humanidad o el debido proceso. La crisis de derechos humanos que se vive en México es sin duda aún peor que durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón.
El hecho de que el modus operandi de las fuerzas de seguridad se mantiene igual que hace 40 años comprueba una vez más que México jamás experimentó “transición democrática” alguna. La alternancia entre el PRI y el PAN en el poder presidencial no ha sido más que una gran cortina de humo que ha servido para distraer la atención del proceso de consolidación de un Estado criminal.
El informe del Centro Pro Juárez sobre Tlatlaya (disponible aquí: http://ow.ly/Pnh4Y) constituye un estudio de caso aplicable a la totalidad del país. La cantidad de masacres que se han vivido en México durante los últimos años demuestra que el gobierno federal utiliza la fuerza letal del Estado sin responsabilidad alguna. De acuerdo con el centro de derechos humanos, los documentos internos del Ejército establecen una “distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y ‘los delincuentes’”, y autoriza a “abatir” a los supuestos integrantes de la tercera categoría.
Pero habría que recordar que la única institución facultada por las normas mexicanas para determinar si alguien es o no un delincuente es el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las leyes nacionales prohíben tajantemente la aplicación de la pena de muerte. La ejecución a sangre fría de cientos de ciudadanos por las fuerzas del Estado constituye una grave violación al estado de derecho. (Proceso)