* Cristel se encuentra dentro del Cereso 2 de Ciudad Juárez; su familia, en riesgo.
Ciudad de México, 09 de julio de 2015. Por las amenazas contra la vida de la denunciante de tortura sexual Cristel Piña, su pareja y su padre, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y el Centro Prodh emitieron una Acción Urgente, en la que exigieron que el Gobierno del Estado de Chihuahua brinde la protección necesaria a los amenazados y sas familias, investigue y sancione a los responsables de estos hostigamientos y amenazas y que el Poder Judicial del estado acelere el procedimiento de juicio oral pendiente, ya que tanto ella como su pareja están recluidos, acusados de extorsión.
El domingo 5 de julio de 2015, los familiares de Cristel acudieron a visitarla al Centro de Readaptación Femenil en Ciudad Juárez. Ahí les manifestó que algunas mujeres presas la habían amenazado de muerte a ella y a su familia. «Estas mismas preocupaciones sobre su seguridad y la de su familia, las ha manifestado a su defensa (CDH Paso del Norte) en diversas visitas, sin embargo, dada la situación de constante vigilancia, no había podido decirlo con esa claridad», especificaron las y los defensores de derechos humanos. Su pareja, Leonardo de la O, también ha recibido amenazas de esta índole por parte de ministeriales y reos.
No es la primera vez que Cristel Piña Jasso y su familia reciben amenazas. En la noche del 7 de enero de 2015, su padre, Rafael Piña, salió de su domicilio en su vehículo para dirigirse a su trabajo y fue seguido por agentes ministeriales a bordo de una camioneta de la Policía Ministerial Investigadora. El seguimiento duró aproximadamente 20 minutos, hasta que Rafael Piña llegó a su trabajo. El 10 de marzo de 2015, tanto Cristel como su pareja Leonardo fueron hostigados y amenazados con matar a sus familiares para que acepten la culpa del delito de extorsión. Estas amenazas van dirigidas en contra de cada una de las familias también.
A mediados de mayo de 2015, dos unidades de la Policía Ministerial se ubicaron en la esquina del domicilio de Rafael Piña, y vigilaron su casa durante aproximadamente dos horas. A finales de junio de 2015, aproximadamente a las 01:00 hrs. de la madrugada, cuando Rafael se encontraba trabajando recibió una llamada de un teléfono público –su número sólo lo había compartido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos- y fue amenazado por personas que le dijeron: “Sabemos lo que ya andan haciendo. Nosotros estamos enterados de todo. Recuerda que tienes hijos”.
El 12 de agosto de 2013, la policía del estado de Chihuahua entró sin orden judicial en el domicilio de Cristel y su esposo en Ciudad Juárez; fueron detenidos bajo el argumento de que “alguien” los había acusado de estar implicados en extorsión. Al inicio de la detención, la policía amenazó con violar a Cristel delante de su esposo si no confesaban, mientras éste fue torturado delante de ella. Luego Cristel fue torturada física y sexualmente delante de él. Posteriormente fueron obligados a firmar una declaración autoinculpatoria en dependencias de la Fiscalía General del Estado, en presencia de la Policía Judicial y de un abogado de oficio.
La policía declaró que había detenido al matrimonio en un centro comercial el 12 de agosto, después de presuntamente que un sospechoso los llevara hasta ellos. Los vecinos desmintieron la situación, pues presenciaron cómo la policía los detuvo en su domicilio. El 13 de agosto, Rafael Piña pudo visitar a su hija en las celdas de la Fiscalía General del Estado, pero sólo le permitieron hablar con ella en presencia de la policía judicial. Éste observó hematomas en su cara, pero Cristel sólo pudo susurrar que no podía decir nada o le volverían a pegar. Cuando su padre protestó y dijo que su hija no estaba implicada, la policía amenazó con acusarlo de participar en la comisión del delito. El mismo día, el padre de Cristel presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) de Chihuahua, pero los funcionarios no la visitaron en detención ni han realizado una investigación.
El 14 de agosto Cristel fue acusada formalmente y se ordenó su prisión. Cuando compareció ante el juez para hacer su primera declaración, se retractó de su confesión, denunció la tortura que había sufrido y se descubrió la pierna para mostrar los hematomas. Sin embargo, ni el juez ni el ministerio público realizaron una investigación para evaluar su denuncia de tortura y malos tratos, y se aceptó como prueba su declaración inicial ante el ministerio público. Actualmente, Cristel y su esposo siguen en prisión en espera del resultado de su juicio.
El 18 de marzo de 2015, Cristel se unió a la campaña «Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual».